Ciudad argentina enfrenta fantasmas de
dictadura
Associated Press - lunes, 20 de octubre
de 2014
Araceli Gutiérrez custodia por voluntad propia
la deteriorada casona donde 37 años atrás fue torturada y abusada sexualmente
por militares durante la última dictadura argentina.
Mientras recorre con una mirada perdida la
vieja estancia, que funcionó como una prisión clandestina conocida como Monte
Peloni, Gutiérrez recuerda el sonido que hacía el generador eléctrico cuando
los militares lo encendían para iniciar las rondas de descargas eléctricas.
"Yo fui abusada mal", dijo Gutiérrez
de 61 años, con el semblante entristecido. "Esto es el reflejo fiel de la
memoria. Si se cae, es como si cayera la parte más importante de mi vida".
Gutiérrez es una de las principales testigos en
un proceso penal que desde el 22 de septiembre se celebra en la cercana ciudad
de Olavarría, donde se juzga por violación de derechos humanos a cuatro ex
militares responsables de mantenerla cautiva junto con otros disidentes de la
dictadura (1976-1983), en su mayoría universitarios. Algunos de ellos aún viven
en esa localidad o engrosan la lista de las 37 personas desaparecidas durante
el régimen militar.
El proceso judicial quebró la calma de la
ciudad y empezó a remover verdades ocultas y antiguas complicidades guardadas
durante varias décadas después de que inició una represión contra disidentes
políticos, obreros, sindicalistas, y estudiantes perpetrada por la dictadura.
Los juzgados por 21 detenciones ilegales, una
desaparición y un asesinato son el ex general Ignacio Verdura, al mando del
centro de detención, y el ex sargento Omar "Pájaro" Ferreyra, el ex
capitán Walter Grosse y el ex teniente Horacio Leites, subalternos y señalados
como ejecutores de torturas. Otros militares y policías entraban y salían del
lugar para vigilar a los detenidos y presuntamente participaron en estos
desmanes.
Los cuatro acusados podrían enfrentar una
condena de prisión perpetua, según Walter Romero, fiscal federal a cargo de la
investigación.
Romero promueve para 2015 un segundo juicio
sobre otras violaciones de derechos humanos ocurridas en ese ex centro de
detención. Los imputados ascenderían a unos 70, incluyendo a los cuatro ex
militares ya procesados, y las víctimas, entre detenidos y desaparecidos, a más
de 40. Los afectados creen que el proceso se adentrará más aún en los pactos de
silencio entre civiles y militares de Olavarría y otras localidades cercanas de
la provincia de Buenos Aires.
Los cimientos de la ciudad ya habían sido
sacudidos cuando se difundió la noticia de que el profesor de música conocido
como Ignacio Hurban era en realidad el nieto de Estela de Carlotto, titular de
la organización Abuelas de Plaza de Mayo, y cuyos padres, Walmir Óscar Montoya
y Laura Carlotto, murieron a causa de la represión. El chico fue sustraído a su
madre pocas horas después de que ésta diera a luz en junio de 1978, mientras
estaba detenida.
"Con este juicio más la aparición de
Guido, Olavarría se despertó", dijo Gutiérrez.
Pero ha sido un despertar doloroso en una
ciudad tradicionalmente conservadora de más de 90.000 habitantes, con una
importante actividad agropecuaria y cementera y situada a unos 350 kilómetros
al sur de la capital argentina.
Según Hurban, el juicio permite revisar el
pasado oscuro de la ciudad, que "han crecido con la idea de que *acá no ha
pasado nada, las cosas pasaron en otro lado".
El proceso judicial se celebra en la facultad
de ciencias sociales de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos
Aires y es seguido por numerosos jóvenes y adultos que escuchan los testimonios
del horror.
"Me parece bien que se haga justicia de lo
que pasó en este país", afirmó Facundo Carlucho, estudiante de ingeniería
industrial.
Los sobrevivientes relataron cómo eran
secuestrados en Olavarría por las llamadas "patotas", o grupos
violentos de militares y policías, y llevados a la casona en cuyas paredes aún
son visibles las marcas de las balas de los simulacros de fusilamientos.
Los presos eran encapuchados, esposados y
llevados al baño de la vivienda, una de las habitaciones más oscuras del lugar.
Allí, les propinaban descargas eléctricas en sus órganos sexuales.
La defensa pide la absolución de los acusados.
Claudio Castaño, abogado de Leites, dijo a la AP que el tribunal está
"vulnerando sus garantías" y que ninguna acusación se mantiene en
pie.
Leites y Grosse son los únicos que van a las
audiencias y que escuchan los testimonios con el pelo impecablemente peinado,
el gesto adusto y la mirada inexpresiva. Verdura y Ferreyra no acuden porque
alegan problemas de salud.
En las audiencias judiciales se han revelado
presuntos pactos de complicidad entre civiles de Olavarría y los militares.
José Castellucci, víctima de Monte Peloni, denunció que los miembros de los
clubes rotarios sabían de antemano quiénes iban a ser secuestrados por los
uniformados.
Se trata de "ocultamientos de sectores
empresariales y de personas de poder que han tenido una connivencia necesaria
con la dictadura. Todos sabemos quiénes son y donde están", señaló a la AP
Rafael Curtoni, decano de la Facultad de Ciencias Sociales donde se desarrolla
el proceso.
Oscar Unzaga, presidente del principal club
rotario, rechazó la denuncia vertida en el juicio. Dijo a la AP que tras
consultar con los socios de más edad de la institución, "convinimos en no
decir nada porque sería darle importancia a un testimonio resentido que no
merece contestación". "A título personal (el juicio) es un circo
donde el resultado está definido".
Unzaga cree que en el banquillo de los acusados
deben estar "todos", militares y guerrilleros, ya que la sociedad
argentina sufría entonces atentados perpetrados por la guerrilla.
Días atrás, la testigo Silvia Pallay relató
cómo intentó, infructuosamente, bautizar a su hija en Olavarría, tras perder a
su esposo, un ex guardia de una cárcel que supuestamente fue torturado en Monte
Peloni con más ensañamiento y luego desapareció por ser considerado un
"traidor".
"Recorrí varias iglesias y no lo querían
hacer porque su padre era un supuesto guerrillero", dijo con la voz
quebrada. Tras la pérdida, Pallay se fue a vivir a otra ciudad, pero años
después volvió pues "uno se lleva consigo las heridas del corazón".
Según Carmelo Vinci, otra víctima que declaró
en el proceso y que estuvo detenido en la casona, "en Olavarría los
primeros detenidos fueron de las fábricas (cementeras, caleras y canteras). Los
empresarios eran partícipes".
Vinci y vecinos de Olavarría creen que el
fallecido empresario Carlos Aguilar fue quien entregó al nieto de De Carlotto a
los peones del predio de su propiedad que lo criaron. "Aguilar estaba
relacionado con Verdura", afirmó Vinci a la AP.
Una jueza federal investiga quién se apropió
del chico, cómo fue a dar a manos de los trabajadores rurales y como el médico
de la policía, que todavía vive en Olavarria, firmó el certificado falso de
nacimiento del chico.
Las víctimas de Monte Peloni creen que el
proceso judicial llegó tarde a OIavarría en comparación con otros que se celebraron
en Argentina en los últimos años debido a una activa política en pro de los
derechos humanos impulsada por el gobierno que permitió evadir el perdón
otorgado por dos leyes en los años 80.
Esa tardanza en parte se explica por la
"resistencia" de sectores conservadores de Olavarría y debido a que
el "sistema colapsa cuando hay tanta demanda de justicia", dijo a la
AP el fiscal Romero.
Una década atrás, el entonces intendente de
Olavarría, Helios Eseverri, nombró a Ferreyra director de control urbano de la
municipalidad. Vinci relató a AP que para él y otras víctimas de Monte Peloni
"era muy duro cruzárselo en los pasillos del municipio".
En una ocasión, Araceli Gutiérrez lo persiguió
por las instalaciones de la municipalidad en una escena que fue difundida por
un programa de televisión.
"Vení y decime que no me conocés", le
gritaba Gutiérrez, quien dice que pudo verlo en Monte Peloni bajo la venda que
tapaba sus ojos. Ferreyra se fue, dejando a la mujer sin respuesta.
Mientras termina el juicio, Gutiérrez custodia
la casona en Monte Peloni. La vivienda la tiene en comodato la Comisión por la
Memoria de Olavarría.
"Yo tenía un amigo que nos contaba que le
daba miedo andar por ahí de noche", dice Carlucho, el estudiante de
ingeniería.
Pero Gutiérrez se siente a gusto en ese
entorno. Vivir en una casita a escasos metros del recinto donde fue vejada le
significa no olvidar el sufrimiento y el terror padecido por ella y por decenas
de activistas.
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