El FMI y los crímenes de lesa
humanidad
INFOnews - domingo, 19 de
octubre de 2014
El fiscal federal Federico
Delgado solicitó al juez federal que se investigue el rol del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en el financiamiento de la última dictadura cívico-militar
(1976-1982). En especial, “si algunos miembros de aquel organismo participaron
del plan criminal que la Justicia argentina tuvo por probado en la causa Nº
13/84 de la Cámara Federal, conocido como ‘juicio a las juntas’”; y si el FMI
es “responsable en tanto institución de esa relación genética entre el terror y
la reforma económica”. Ya nos hemos referido en Miradas al Sur reiteradas veces
a la dictadura, la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional; pero ante
este nuevo planteo vale la pena recordar y vincular los acontecimientos. No
sólo porque se trata de un saludable ejercicio de memoria, sino por que las mismas políticas asoman de nuevo en la
prédica opositora.
Por cierto, este requerimiento no
sería viable si rigiera la antigua jurisprudencia que aplicó el juez Jorge Luis
Ballestero en julio de 2000, quien reconoció la ilegalidad de esa deuda
(comprobó 477 irregularidades), pero declaró que se había prescripto la acción
penal. Pero ahora la situación es muy
diferente: la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos establecieron que los delitos de lesa humanidad no están
sometidos ni a la prescripción liberatoria ni a la excepción de cosa juzgada.
Por eso, si se comprueba que los delitos cometidos forman parte de un plan
global que cometió delitos de lesa humanidad, los responsables nacionales e
internacionales, personales e institucionales, podrían ser juzgados.
En 1976-1983, en la Argentina se
cambió por la fuerza a la política, la economía y la sociedad. Cada sector de
la alianza cívico-militar que gobernaba cumplía con su función: unos reprimían;
otros gobernaban; un grupo manejaba la economía y las finanzas; el FMI gerenciaba
el financiamiento externo y fijaba las condicionalidades; la prensa monopólica
aprobaba con mansedumbre o complicidad; y hubo quienes se dedicaron a
desarticular los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones
sociales. La represión física libraba de obstáculos políticos y sociales a la
ejecución del modelo neoliberal; pero más que una expresión del sadismo de sus
ejecutores, era el cumplimiento de un plan de acción coherente, programado y
conjunto.
El plan económico de la dictadura
fue el del establishment y del FMI. Los militares cometieron la represión; pero
la autoría intelectual del proyecto político y económico aplicado entre 1976 y
1983 pertenece al establishment, no a los ejecutores militares. Y es evidente
que contó con colaboración extranjera, en especial del FMI. Basta corroborar
las coincidencias de las medidas preconizadas por el FMI y las efectivamente
adoptadas. Además, fue protocolizado en las publicaciones oficiales del FMI y
en los acuerdos específicos firmados con el gobierno argentino.
El gobierno militar que asumió el
24 de marzo de 1976 aplicó de inmediato esas recetas: congeló los salarios,
eliminó los controles de precios y devaluó el tipo de cambio. Los salarios
reales cayeron alrededor del 30%, se disolvió la CGT, se suprimieron las
actividades gremiales, el derecho de huelga, las reformas a la ley de contrato
de trabajo y las convenciones colectivas salariales.
Después de estas medidas
coyunturales de represión, comenzaron los cambios estructurales. En agosto de
1976, desregularon la inversión extranjera. A fines de 1976, unificaron el tipo
de cambio, eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones y redujeron
los aranceles de importación (con una caída de la protección del 40%). En junio
de 1977, entró en vigencia la ley de entidades financieras, que le otorgaba al
sector una posición hegemónica y disminuía la acción del Estado (Mario
Rapoport, Historia económica, política y social de la Argentina, 1880-2000,
págs. 789 y ss.). Se cumplía cada una de las prescripciones del FMI.
Más adelante, con el programa de
diciembre de 1978 y la tablita cambiaria, se favoreció la especulación financiera y el endeudamiento
externo, se desfinanció a las empresas públicas, se desmanteló la industria y
se financió una gigantesca fuga de capitales privados. Cuando estalló la crisis
financiera y luego cambiaria, el Estado se hizo cargo de las pérdidas bancarias
y de las deudas privadas. Además, se suprimieron las instituciones básicas del
derecho del trabajo y se deprimieron los salarios.
Todo ello requería una violenta
represión; de otro modo no se hubiera aceptado que el producto bruto interno
por habitante (a precios constantes), en 1983 fuera 9 puntos menor que en 1975.
Usaron al Estado para perpetrar sus crímenes, reprimieron a la Nación y
empobrecieron al pueblo argentino (Véanse Eric Calcagno y Alfredo Eric
Calcagno, Miradas al Sur, varios números y El Rumbo Argentino, donde se desarrollan estos temas).
La dictadura, el FMI y la deuda
externa. Creemos que los crímenes de lesa humanidad y el plan económico
estuvieron indisolublemente unidos. La principal tarea del FMI fue gestionar el
endeudamiento externo y, sobre esa base, elaborar la política económica que se
aplicaría. Eran el ajuste y las condicionalidades que rigieron durante ese
período.
El primer eje de la acción del
FMI fue facilitar el endeudamiento externo. Existió una acción concertada de
los civiles del establishment, los bancos,
los militares y el FMI. Para comprobarlo, basta con recordar cómo fue el
reparto de los fondos del endeudamiento de 1976-1983: primero, se colmó la
avidez del establishment económico, con el 44% del total de la deuda aplicado a
financiar la evasión de capitales; segundo, los militares tuvieron su parte,
con el 23% destinado a importaciones no registradas, que según el Banco Mundial
eran en su mayor parte compra de armas; tercero, se satisfizo la voracidad
especulativa de la banca extranjera, con el 33% asignado al pago de intereses
(las estimaciones son del Banco Mundial, Economic Memorandum on Argentina,
Washington D.C., 22 de junio de 1984, págs. 17 a 19). El FMI, quedaba como el
mentor del ajuste económico y el administrador de la deuda. Fue ese cogobierno
el que cometió los delitos de lesa humanidad, cada uno en su esfera de acción.
La deuda contraída en el período
1976-1983 tiene además una característica especial: no era necesaria desde el
punto de vista económico, pero sí para satisfacer las aspiraciones de los
principales componentes del régimen gobernante. Les daba financiamiento a los
militares que querían gobernar y comprar armas, se satisfacía a los civiles del
establishment que evadían capitales y cogobernaban, y a la vez se nutría a los
especuladores financieros.
El pedido del fiscal federal
Federico Delgado es viable. A nuestro juicio, el pedido del fiscal federal
Federico Delgado imputando al FMI es viable desde el punto de vista jurídico,
porque una institución puede ser juzgada por crímenes de lesa humanidad. En el
Proceso de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, fueron procesados 6
militares y 18 civiles y fueron declarados criminales el mando político del
Partido Nazi, la SS, la Gestapo y el Servicio Secreto de Seguridad.
Además, ahora existen condiciones
políticas como para plantear el caso. Primero, porque ya no rige más la
prescripción y la cosa juzgada para los procesos de lesa humanidad. Y segundo,
porque en el plano internacional hay un resurgimiento de los países emergentes y potencias medianas,
que ahora intervienen en áreas que estaban reservadas para las potencias
hegemónicas. Una prueba es la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas por la que se comenzaron a reglamentar las reestructuraciones de deuda
soberana, que era coto de caza del sector financiero.
En los procesos que castigaron a
quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, al cabo de los años, se castigó
a los represores físicos; pero quedaron impunes todos los otros grupos que eran
partícipes necesarios para la ejecución del plan que los financistas (incluyendo
al FMI) y los empresarios y políticos habían elaborado, con la aquiescencia de
los militares. Es hora de que se los haga comparecer.
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