Crisis en Grecia: ¿disputa por el poder?
Forbes - miércoles, 1 de julio de 2015
La discusión dejó de
ser sobre las metas de superávit primario en Grecia y se enfocó en el mecanismo
particular para alcanzarlo, es decir, la disputa ya no es económica, sino
política.
Desde enero, cuando Alexis
Tsipras, del Partido Syriza, ganó la elección para ser el primer ministro de
Grecia, muchas fueron las preguntas que surgieron sobre el manejo que el nuevo
gobierno daría a la crisis financiera en que Grecia está sumergida desde ya
hace varios años. Por una parte, durante 2015 el gobierno griego enfrentaría no
sólo problemas de falta de crecimiento, deflación y alto desempleo en su
economía, sino una serie de fuertes pagos por concepto de intereses a los
acreedores internacionales, que durante los últimos años habían prestado
alrededor de 250,000 millones de euros (Fondo Monetario Internacional, Banco
Central Europeo y la Comisión Europea). Por otra parte, las promesas de campaña
del hoy primer ministro griego se basaron principalmente en frenar las
privatizaciones, aumentar el gasto público destinado a beneficios sociales e
incrementar el salario mínimo, además de cambiar drásticamente la relación
entre el gobierno y dichos organismos internacionales.
Pero ¿cómo empezó todo? Muy a
grandes rasgos, ocurrió lo siguiente:
Durante los primeros 7 años de
este siglo, la tasa promedio de crecimiento del PIB en Grecia fue de alrededor
de 4.5%, lo que la ubicaba como una de las economías más estables en Europa y
lo que le permitió recibir importantes flujos de inversión extranjera. Sin
embargo, este crecimiento vino acompañado de un fuerte déficit público
financiado principalmente por dicho flujo de inversión extranjera, es decir,
deuda externa (ya en 2007 el déficit público en Grecia se ubicó en
aproximadamente 6.5% de su PIB). Pero llegó el año 2008, cuando la crisis
financiera en Estados Unidos se expandió al resto del mundo y los capitales
internacionales dejaron de fluir hacia países en desarrollo, incluido Grecia,
lo que provocó que en 2009 el déficit público anual llegara a 16% del PIB y
detonó la crisis financiera que hasta hoy se vive ese país.
El déficit público no es en sí
mismo ni bueno ni malo en términos económicos; todo depende del destino de la
deuda, así como de las fuentes y condiciones de su financiamiento. Uno de los
problemas en Grecia fue que este déficit vino acompañado de una gran
ineficiencia en el gasto público y graves problemas de corrupción en materia de
ingresos y egresos públicos. Otro problema fue el déficit observado en la
cuenta corriente, al pasar de 7.6% del PIB en 2006 a 14.6% del PIB en 2008.
Digamos que se juntaron los ingredientes necesarios para una “crisis de libro
de texto” en la balanza de pagos.
Ya con la crisis encima, otro de
los problemas con los que se enfrentó la economía griega, en particular el
gobierno griego, es que al pertenecer a la zona euro se renuncia
automáticamente al manejo de la política monetaria.
En resumen, la crisis en Grecia
se volvió tan profunda porque por un lado se tenía un gobierno ineficiente, lo
que limita drásticamente el manejo y los efectos de la política fiscal, y por
otro, no se puede utilizar la política monetaria para depreciar el valor de la
moneda, mejorar los términos de intercambio, incrementar las exportaciones,
reducir el déficit en cuenta corriente y compensar la caída en los flujos de
inversión extranjera. Entonces lo único que quedaba era la obtención de deuda
externa.
Para conseguir crédito con los
organismos internacionales en los últimos cinco años, el gobierno griego siguió
todas las recomendaciones de austeridad. Pero a pesar de haber recibido
préstamos por cerca de 250,000 millones de euros, lo único que consiguió fue
profundizar la crisis. ¿Las razones?:
Si a esto le sumamos las
acusaciones de corrupción y mal manejo de recursos por parte del gobierno
griego en los últimos años, se obtiene lo que tenemos hoy: una economía que no
crece y un gobierno que no logra obtener un superávit para cubrir los costos
del endeudamiento.
Es en ese contexto en que el hoy
primer ministro gana las elecciones. Poco después de asumir el poder, comienzan
las negociaciones del gobierno griego con los organismos internacionales
respecto del manejo y pago de la deuda. La negociación, obviamente, se centró
en la necesidad de alcanzar un superávit primario importante que le permitiera
hacer frente a los pagos requeridos, pero el desacuerdo ha sido en el mecanismo
para lograrlo:
Por un lado, los acreedores
demandaban una reducción del gasto público, principalmente en los beneficios
del sistema de pensiones, en ciertos subsidios y beneficios sociales. Por otro,
el gobierno griego intentó alcanzar el superávit vía incremento en la
recaudación –sin ser tan claro en el cómo– y sin recortar de manera importante
el gasto público. Y es en esta diferencia en la cual se estancaron las
negociaciones.
Dada la situación de la
inflación, el desempleo y el crecimiento, en términos estrictamente económicos
el objetivo debería ser alcanzar de manera paralela un superávit primario, sin
recortar el gasto público, pero sí modificando el esquema de pensiones, que no
es sostenible en el mediano plazo. En este sentido, ambas posturas tienen
aciertos, pero sobre todo graves errores. Sin embargo, la discusión dejó de ser
sobre las metas de superávit primario y se enfocó en el mecanismo particular
para alcanzarlo; es decir, la discusión ya no es económica, sino política.
Por un lado, el FMI intenta
dictar políticas internas a Grecia al rechazar las propuestas de aquel país con
el argumento de que se basan principalmente en el aumento de impuestos y no en
el recorte del gasto público. En este sentido, el FMI no tendría por qué dictar
políticas internas y únicamente se debería enfocar al análisis económico y no
político de las propuestas. Además, las medidas propuestas por los organismos
internacionales, lejos de fomentar el crecimiento de la economía griega, están
encaminadas únicamente al pago de la deuda a costa de contraer aún más la
economía.
Por otro lado, el gobierno de
Grecia no está dispuesto a asumir el costo de reestructurar por completo su
sistema de pensiones, ni a restructurar la composición del gasto público. En
este sentido, el gobierno de aquel país debería reconocer que el esquema de
pensiones, a pesar de las modificaciones ya propuestas, no es financiable en el
mediano plazo.
¿Y a qué han llegado? A que no
haya acuerdo, a que el gobierno griego convocara a un referéndum para aceptar o
no las condiciones impuestas, a que entonces no haya más préstamos
internacionales y que sea muy probable que no se cubra en tiempo el pago de
intereses sobre la deuda, y, en consecuencia, a que el gobierno en Grecia haya
impuesto el control de capitales (cierre de bancos y límites a la salida de
dinero de su país) para evitar una corrida en contra de su sistema financiero.
¿Hasta dónde llegarán? Difícil
saberlo. Lo que estamos viendo dejó de ser una negociación sobre temas
económicos y se convirtió ya en una competencia sobre poder político. El FMI,
el Banco Central Europeo y la Comisión Europea dieron ya el paso políticamente
más difícil, que era dar un ultimátum al gobierno griego sobre las condiciones
específicas que deben necesariamente cumplir para seguirles otorgando el
crédito que ya habían aprobado. El gobierno griego ya dio el paso
económicamente más difícil, que era imponer el control de capitales, con lo que
la amenaza de salir de la zona euro se vuelve creíble.
En virtud de que las condiciones
impuestas por los organismos internacionales no resolverían el problema de la
crisis en Grecia, en términos estrictamente económicos es probable que el menor
costo para Grecia sea salir de la zona euro, con todo lo que esto implica en el
corto plazo.
Si “ganan” los organismos
internacionales no faltará quien diga que ésta es una prueba más de que
economías que buscan establecer el estado de bienestar irremediablemente están
destinadas al fracaso. Si “gana” el gobierno griego, no faltará quien diga que
ésta es una prueba más de que la creación de la zona euro fue un error, que
favorece a los países ricos y perjudica a los otros.
En mi opinión, ambas visiones
están equivocadas. Estoy convencido de que ésta es una prueba más de que
políticas implementadas en países con instituciones económicas débiles
(corrupción, mal manejo de las finanzas públicas, débil Estado de derecho, etcétera)
están, ésas sí, destinadas a fracasar.
Irving Rosales (@IrvingRosales_)
es profesor-investigador del Departamento de Economía, Universidad
Iberoamericana.
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