Hay que defender a la Argentina
de los buitres
El Cronista - jueves, 26 de
junio de 2014
No lejos de las oficinas
londinenses del Financial Times estaba la prisión de Marshalsea a donde eran
enviados los deudores. En el siglo XVIII, más de la mitad de los reclusos de
Londres eran encarcelados por deudas impagas. Los talibanes insistían en que se
trataba de un peligro moral por el que eran necesarias penas así de duras.
Luego, en 1869, la prisión por deudas fue abolida y se introdujo el concepto de
quiebra. Tanto la economía como la sociedad sobrevivieron.
A veces las cosas salen mal. En
algunas oportunidades, es por mala suerte y en otras, por irresponsabilidad.
Pero la sociedad necesita una manera de permitir que la gente comience de
nuevo. Es por eso que tenemos la bancarrota. De hecho, permitimos a los actores
privados más importantes de nuestras economías –las empresas– asumir
responsabilidad limitada. Eso autoriza a los accionistas a desentenderse de las
deudas de las compañías. Cuando se introdujo esa idea también fue condenada
como una licencia a la irresponsabilidad. La responsabilidad limitada sí trae
problemas, especialmente en los negocios altamente apalancados (como la
actividad bancaria). La facilidad con la que las corporaciones norteamericanas
no cumplen con sus acreedores es impresionante. Pero es mejor que la responsabilidad
ilimitada.
Una lógica similar se aplica a
los países. A veces sus gobiernos se endeudan más de lo que después pueden
pagar. Si tomaron deuda en moneda local, pueden reducir su deuda mediante la
inflación. Pero si las obligaciones son en divisa extranjera, esa posibilidad
desaparece.
Normalmente, se ven obligados a
tomar crédito en moneda extranjera los países con antecedentes de
irresponsabilidad fiscal. La eurozona colocó a sus miembros en la misma
dirección: para cada gobierno, el euro es casi una divisa extranjera. Cuando
los costos del servicio de esas deudas se vuelven demasiado elevados, pasa a
ser necesaria una reestructuración. Argentina se encontró en esa posición a
principio de siglo. Era difícil sentir mucha compasión por el país, que venía
sufriendo de malas administraciones ya antes de su default en diciembre de
2001, y padecería aún más después. Pero se había vuelto imposible pagar su
deuda pública de u$s 132.000 millones a un costo tolerable. Además, los
acreedores habían sido compensados por la posibilidad de un default. Aún en su
punto más bajo, en septiembre de 1997, el spread de los bonos argentinos en
dólares sobre la deuda del Tesoro estadounidense fue cercana a tres puntos
porcentuales. Un acreedor al que se lo compensa por el riesgo de un default no
puede sorprenderse si luego se produce la cesación de pagos. La solución está
en la diversificación de la cartera de inversiones.
Si bien el principio de
reestructuración de deuda soberana es convincente, en la práctica es difícil.
Ningún tribunal puede embargar y luego liquidar todos los activos de un país.
Ese limbo legal crea dos peligros opuestos: el primero es que sea demasiado
fácil que un país no pague sus deudas; el segundo es que sea demasiado difícil.
La historia de Argentina ilustra ambos: enfrentados a un gobierno
intransigente, los tenedores del 93% de la deuda defaulteada aceptaron canjes
por deuda con valor nominal muy inferior; pero los holdouts, que rechazaron esa
reestructuración, bloquearon un acuerdo limpio. Este desbarajuste lleva más de
12 años desde el default.
Primero, en 2002, la subdirectora
del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger promovió una propuesta para que
haya un mecanismo de reestructuración de deuda soberana. Argumentaba que el
proceso de reestructuración podía demorarse o estancarse si algunos acreedores
preferían esperar el pago total de la deuda.
Sus ideas eran más
supranacionales que lo que podían soportar los gobiernos. Pero por lo menos se
introdujeron las “cláusulas de acción colectiva”. Sin embargo, esas cláusulas
no podrían haber evitado el éxito de los holdouts frente a Argentina. Tal como
señaló hace poco el FMI, esas cláusulas “normalmente sólo rigen para tenedores
de la misma emisión”. Un acreedor holdout puede “neutralizar la operación de
tales cláusulas” si se asegura una posición capaz de bloquearla, que
normalmente es superior a 25%.
Además, agrega el FMI, los
tribunales estadounidenses interpretan que la cláusula pari passu exige al
deudor soberano pagar en su totalidad una obligación defaulteada si le paga a
los bonistas reestructurados. A eso hay que agregarle que los tribunales
estadounidenses obligarán a los intermediarios financieros a ayudar a los
acreedores a apropiarse de activos del soberano. Todo eso hace más difíciles
las reestructuraciones. ¿Por qué razón los acreedores aceptarían en el futuro
un canje por instrumentos con menor valor? No soy abogado, pero para mí la idea
de tratamiento igualitario implica tratar casos iguales de la misma manera.
Pero los acreedores que han aceptado los canjes y los holdouts no son casos
iguales. No parece correcto obligar a los deudores a tratarlos en forma
igualitaria. Asimismo, es absurdo el argumento de que los holdouts están
ayudando a los argentinos porque están castigando la corrupción. Le corresponde
a los argentinos elegir el gobierno que quieren. Y peor, si Argentina se ve
obligada a pagar la totalidad a los holdouts, ese precio caerá sobre los
hombros de los argentinos. Esta es una extorsión respaldada por el poder
judicial norteamericano.
El problema inmediato es cómo
hará Argentina para resolver estos casos. Las opciones –pagar a los holdouts,
llegar a un acuerdo con ellos, transferir deuda a la ley local y directamente
defaultear– parecen costosas, humillantes, difíciles o perjudiciales. Peores
son las implicancias a largo plazo para las reestructuraciones de deuda.
Una posibilidad es eliminar la
cláusula pari passu. Otra es introducir cláusulas de acciones colectivas más
fuertes, en particular las que cubren todos los instrumentos vigentes. Otra es
ya no emitir desde Nueva York. Pero las tres sólo se aplicarían en el futuro.
Se podría también enmendar la legislación estadounidense. Y finalmente, como
asegura José Antonio Ocampo de la Universidad de Columbia, se podría revivir la
idea de un mecanismo global. Las últimas dos opciones parecen muy poco
probables.
Sin embargo, en un mundo de
flujos de capitales globales, no es un optativo crear un mecanismo factible
para la reestructuración de deuda soberana. Es posible que Argentina sea un caso
excepcional. Es más probable que la interpretación de la cláusula pari passu y
la capacidad de embargar activos ahora dificulten más la reestructuración de
deudas. Un mundo donde la alternativa que tienen los países es pagar en todo o
no pagar nada sería tan malo como el que exigía a los deudores elegir entre
morirse de hambre o ir a prisión. Hay que encontrar un mejor sistema.
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