Brasil

Nueva ley en Brasil fija duras sanciones a empresas corruptas

El Cronista - ‎lunes‎, ‎24‎ de ‎febrero‎ de ‎2014

En general las semanas anteriores al carnaval de Brasil, que será a fines de febrero, hay pocas noticias. Pero este mes, los medios del país estuvieron ocupados con el caso de un hombre que se fugó del país después de haber sido declarado culpable del mayor caso de corrupción de Brasil.

Henrique Pizzolato, ex director de marketing del estatal Banco do Brasil, supuestamente fue encontrado viviendo en el departamento de su sobrino en Maranello, Italia, y ahora enfrenta una posible extradición.

Desapareció de Brasil el año pasado después de ser sentenciado a 12 años de prisión por su participación en el caso Mensalão, en el que se comprobó que algunos de los más altos políticos del país habían comprado votos en el Congreso usando dinero público.

Si bien Brasil procesó por corrupción a personas como Pizzolato, ahora las compañías también tendrán algo a lo que temer. Una nueva ley que entró en vigencia a fines del mes pasado por primera vez responsabiliza a las empresas de los actos de corrupción y fija severas sanciones monetarias.

La legislación coloca al país que fue calificado por Transparency Internacional peor que Namibia o Ghana (pero mejor que China, India y Rusia) más en línea con las convenciones sobre fraude corporativo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

“Honestamente, no creía que esta ley iba a ser aprobada”, aseguró Eduardo Sampaio de FTI Consulting. “Nunca creí que el gran lobby corporativo en Brasil fuera a permitir que el Congreso la promulgara. Me alegra haberme equivocado”.

Al igual que la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos y la Ley de Coimas en el Reino Unido, la legislación no sólo se aplica a compañías, fideicomisos y fundaciones brasileñas sino también a los grupos extranjeros con oficinas en el país.

La corrupción no es un problema abstracto para las empresas extranjeras en Brasil. La alemana Siemens es uno de los contratistas del metro de San Pablo que se vio involucrado en un viejo caso de corrupción. Independientemente de los daños y perjuicios que podría originar el caso en sí mismo, el escándalo significó interminables titulares sobre los supuestos funcionarios públicos y políticos que recibían las coimas.

La ley aplica todo el peso de la ley sobre “actos perjudiciales” que cometan las compañías, como ofrecer ventajas excesivas a un empleado público o partido político relacionado con los funcionarios del gobierno, especialmente cualquier intento de manipular un proceso de licitación o de compras públicas.

Una compañía declarada culpable puede ser penada con una multa de entre 0,2% a 20% de sus ingresos brutos, más daños y perjuicios. Además, sus operaciones puede ser suspendidas o sus activos confiscados y podría ser incorporada a un registro público nacional de empresas culpables de corrupción en su trato con el gobierno.

Que una compañía sea condenada no significa que sus directores y otros ejecutivos estén exentos de responsabilidad personal. “En Brasil la corrupción es un delito y los individuos son responsables de las prácticas corruptas según el código penal del país.”, aseguró Mariana Tavares de Araujo, del estudio jurídico Levy & Salamão Advogados en San Pablo.

Sin embargo, la implementación de la ley será más difícil. Parte de la redacción es poco precisa y el gobierno todavía no emitió las pautas generales para su implementación, aseguró Sampaio.

Además, según la nueva ley los gobiernos federal, estadual y municipal y sus ministerios podrán investigar y fijar sanciones. Eso podría dar lugar a situaciones en las que quien recibió una coima esté a cargo de investigar a quien la pagó.

Tavares de Araujo explicó que llevará algún tiempo ver cómo son las primeras sentencias. Pero recalcó que el mensaje para las compañías que operan en Brasil es claro: “La mejor estrategia es la prevención”.