2016: ¡A recuperar nuestra libertad de
expresión!
FORBES-Miércoles,
30 de Diciembre de 2015
La carencia de libertad que
padecemos quedó plasmada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, vigente desde mayo de 2014. Así como en economía la falta de
libertad nos perpetúa en la pobreza, en democracia nos condena al autoritarismo.
Después de la complicada elección
presidencial de 2006, en México comenzó una especie de revancha política muy
desafortunada que culminó con una reforma electoral en perjuicio de todos: los
propios partidos, la clase política y sobre todo, la ciudadanía en general. Se
coartó de modo indignante la libertad de expresión. Y es que si en un régimen
–cualquiera que este sea- se afecta este derecho “por el bien” de una persona,
grupo o del gobierno mismo, lo que se tiene es un sistema de represión legal.
Donde no hay libertad, existe la
imposición de unos sobre otros.
El mayor problema que ello
conlleva es que se convierte en un reflejo de lo que en otras esferas detiene
por ejemplo, el crecimiento económico. Nada hay peor para la prosperidad y el
desarrollo económico ni para la democracia, que la ausencia de libertad.
“Mucho ayuda el que no estorba”,
dice un conocido refrán, y en el caso de las libertades nada es más perjudicial
que la intromisión del Estado. Cuando dicha intromisión existe, se utiliza la
fuerza de la ley para imponer criterios y prioridades particulares.
Ya no podemos actuar, decir,
negociar, etc. como nos plazca, guste o convenga, sino como nos dice alguien
más que puede hacerse. Una gran injusticia.
Libertad no es –como muchos
confunden- la facultad de hacer lo que uno quiera sin restricciones. No es pues
equivalente a la ley de la selva, ni da luz verde a aniquilar a los demás por
medio de la fuerza. Todo lo contrario. Libertad es poder obrar de una forma o
de otra, siempre que NO se afecte los derechos de otros. En una palabra, se es
libre al 100 por ciento si no se daña la libertad de terceros, y si se hace,
entonces sí, es el Estado el responsable de castigar una conducta que atenta
contra la sociedad entera. Nada más, pero nada menos.
En México, existe una tendencia
intervencionista –heredada del régimen de la Revolución- en toda la clase
política. A causa de ella, no tenemos en el país libertad de expresión, no hay
seguridad para las personas y las empresas, no hay mercados abiertos y libres
–sino protección y privilegios para unos cuantos-, menos aún una moneda sólida
ni progreso económico. Todo ello, es consecuencia de la falta de libertad.
Así como en economía la falta de
libertad nos perpetúa en la pobreza, en democracia nos condena al
autoritarismo.
La carencia de libertad que
padecemos quedó plasmada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, vigente desde mayo del año pasado.
El artículo 159 de la misma, por
ejemplo, establece en su numeral 4 que “Los partidos políticos, precandidatos y
candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de
radio y televisión. Tampoco podrán contratar los dirigentes y afiliados a un
partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines
electorales.”
Asimismo, determina en el numeral
5 que “Ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir
en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.”
Dicho de otro modo, se logró
imponer y asentar en la ley que la libertad de expresión no aplica en el ámbito
electoral.
¿Puede México avanzar en su
democratización sin esa libertad? Es un contrasentido.
Como es evidente, no se logró
evitar que los políticos se promocionaran con recursos públicos –sea por medio
de dependencias de gobierno o a través de tiempos oficiales-, mientras sí se
impidió que una persona o grupo puedan hacerlo u opinar en determinados medios,
con dinero privado. Un absurdo.
Si aspiramos a tener un país
libre, con todos los beneficios y responsabilidades que ello conlleva, es
urgente que se hagan las reformas legales necesarias incluso a nivel
constitucional, para recuperar la plena libertad de expresión, sin excepciones.
Este es sin duda, uno más de los
múltiples frentes abiertos en la defensa de nuestra libertad. Esa defensa no
puede tener salvedades ni descanso, pues en todo momento hay alguien que nos la
quiere quitar desde la clase política.
Que 2016 sea pues el año en que
la libertad de expresión regrese a México, no hay pretexto válido para que no
sea así.
Guillermo Barba-Economista de la
Escuela Austríaca y periodista mexicano, autor del blog Inteligencia Financiera
Global. Experto en mercados de oro y plata y comentarista de TV en Proyecto 40
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