Comercio ilícito: un negocio en que todos
pierden
FORBES - martes, 29 de diciembre de 2015
Como consumidores, en algún
momento somos tentados a conseguir un producto por debajo del precio del
mercado creyendo que lo único que hacemos es ahorrarnos algo de dinero. Éste es
el principal problema que ocasiona el comercio ilícito: creer que no hay
víctimas.
Se estima que más de 250,000
personas mueren al año por el consumo de medicamentos falsificados. Millones
más son explotadas en compañías que se dedican a la producción y distribución
de productos de manera irregular, y según Global Financial Integrity (GFI), a
nivel mundial el comercio ilícito asciende a 650,000 millones de dólares (mdd)
en mercancías y 2,000 mdd en flujos financieros. Estos números representan 10%
del PIB mundial, lo que sin duda es una barrera para el crecimiento económico y
el desarrollo del comercio internacional.
Según Moisés Naím, analista y
autor del libro y documental Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y
piratas están cambiando el mundo, el problema es tan grande y variado que no
hay una solución global. “La manera en la que se enfrenta el contrabando de
drogas es diferente a la que se enfrenta el contrabando de películas. Hay que
ser selectivos, los estados tienen recursos escasos y no pueden enfrentarlos a
todos y a la misma vez porque no funciona. Hay que tener prioridades: la
discusión se acaba en cinco segundos cuando se le plantea a la sociedad qué
problema es menos tolerable: el tráfico de niñas o de películas”.
Para combatir este flagelo,
además de la aplicación de las leyes, hay que dejar atrás los mitos sobre el
contrabando. Uno de ellos es pensar que el tráfico siempre ha existido y es el
mismo. El experto señala que el comercio ilícito ha evolucionado tanto como la
globalización se lo ha permitido, porque gracias a ella ahora todos los países
son vecinos. También hay que dejar atrás la teoría de que es un tema meramente
policial, pues quienes lo han enfrentado así no comprenden la dimensión del
problema y la necesidad de un enfoque diversificado, siguen fracasando en
erradicarlo.
El tercer punto, y quizás al que
más nos aferramos, es pensar que el comercio ilícito tiene su origen en la
pobreza. Si bien es cierto que parte de nuestra condición humana es
inclinarnos hacia un mejor precio, hay que saber que quienes están metidos en
este negocio no son pobres, pero sí contribuyen a la desigualdad.
En los últimos tres años, el
comercio ilícito en República Dominicana se ha disparado a niveles que tomaron
por sorpresa a las mismas autoridades y se ha convertido en una piedra en el
zapato para el sector industrial. En el marco del foro Lucha contra el comercio
ilícito, organizado por la Cámara Americana de Comercio y Philip Morris
Dominicana, Julio Brache, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias
de la República Dominicana (AIRD), aseguró que nunca antes esta actividad
había amenazado la seguridad de las empresas y de los consumidores como ahora,
y su contribución al empobrecimiento de las naciones es más evidente.
Los daños a la industria y la seguridad de los
consumidores
Uno de los sectores más afectados
es el de los medicamentos, cuya falsificación ha crecido de manera exponencial
y mueve cada año unos 1,500 millones de pesos de República Dominicana (a un
tipo de cambio de 45 pesos de RD por dólar), equivalente a 12% del mercado, que
golea no solo a los laboratorios nacionales sino también a las compañías
farmacéuticas extranjeras, según Jaime Ángeles vocero del sector. “Todos los
productos farmacéuticos están propensos a ser falsificados; hemos encontrado
productos que son genéricos (como el acetaminofén) y productos que son de marca
falsificados, reetiquetados o vendidos fuera de su fecha de vencimiento”,
agregó.
El año pasado la Asociación de
Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) atribuyó el
aumento de medicamentos falsos en el mercado a la falta de acciones
contundentes contra los responsables. Así se lo hicieron saber al presidente
Danilo Medina por medio de una misiva donde señalaron otros problemas como los retrasos
en la aprobación y renovación de registros sanitarios y la falta de consenso
de la norma que regula la publicidad y la promoción de los medicamentos.
En respuesta, se han dado
importantes operativos como el septiembre de este año, cuando la Procuraduría
Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, en coordinación con la
Fiscalía de Santiago, el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional,
realizó varios operativos en Santiago y Moca donde decomisaron medicinas
falsas valoradas en más de 50 millones de pesos de República Dominicana (a un
tipo de cambio de 45 pesos de RD por dólar).
A nivel mundial, la industria de
los cigarros es una de la más golpeadas por este delito. Según varias
investigaciones, sus ingresos están directamente relacionadas con el
financiamiento de grupos delictivos y terroristas. Acabar con el comercio
ilícito de tabaco permitiría a los gobiernos recaudar anualmente 31,000 mdd en
concepto de impuestos en todo el mundo.
Para Liliana Cabeza, directora
general de Philip Morris Dominicana, la problemática más grave en nuestro país
es la cantidad de marcas importadas irregularmente y que no están pagando
impuestos. Según datos suministrados por esta empresa, el contrabando de
cigarrillos pasó de 1% a 22% del mercado y se estima que más de 50% de los
colmados vende producto ilegal a pesar de las sanciones y multas que pueden
enfrentar. “Hemos notado que después de la aprobación de la última reforma
fiscal hay un gran espacio entre el precio entre los cigarrillos legales y los
ilegales”. Cabeza también señala que el aumento de estas marcas en el mercado
daña la cadena de valor, pues en nuestro país se cosecha, procesa y
comercializa tabaco rubio que, de no controlarse la situación, podría afectar
unos 7,500 empleos que dependen de esta industria. “Además el tabaco es un
ícono de la cultura dominicana y es uno de los productos emblemáticos ante el
mundo y de una importancia enorme para el fisco, pues solo en 2014 el Estado
dejó percibir más de 1,200 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo
de cambio de 45 pesos de RD por dólar), en impuestos”, señala.
Por su parte, el viceministro de
Industria y Comercio, Vinicio Mella, coincidió en que la incidencia del
producto ilegal ha aumentado. “Actualmente, se contabilizan cerca de 27 marcas
provenientes de Asia principalmente que se comercializan de manera ilícita,
cuando para 2012 solo existían dos marcas ilegales en el mercado procedentes de
Haití”.
En el caso del alcohol, la
situación es distinta, pero no menos complicada. Para Mario Pujols, director
ejecutivo de Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron), una
combinación de factores afectan al sector formal desde principios de 2013, que
coincide con la última reforma fiscal. “El peso de los impuestos ha provocado
que aumente la evasión fiscal por parte de algunos productores que, aun
registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), no cumplen
con sus obligaciones tributarias al declarar una fracción menor de la
producción”.
Además de la evasión, existe
también el incumplimiento de normativas relacionadas directamente con el ron,
entre ellas el uso de alcohol no apto o que no envejece en barricas de roble
por 12 meses, un requisito para que la bebida pueda denominarse como tal. Esto
afecta no solo la calidad del producto, sino la salud de las personas y la
reputación del país de un producto tan emblemático.
Según el viceministro de
Industria y Comercio, entre 2014 y junio de 2015 se vendieron alrededor de
cinco millones de litros de ron de marcas locales sin declarar impuestos ante
la DGII.
Las empresas productoras de
alcohol y cigarrillos aportan aproximadamente 11% de las recaudaciones
fiscales, representan 75,000 empleos directos e indirectos y exportan 140 mdd
a más de 40 países, lo que las convierte en un sector muy importante para la
economía nacional. No solo en nuestro país, sino en todo el mundo, estas
industrias objetan que la elevada carga impositiva estimula el comercio ilícito
de estos productos y según Moisés Naím, sus reclamos tienen algo de razón. “Si
como Estado aumentas mucho los impuestos, entonces aumenta el contrabando,
disminuyen los impuestos que recoges y no baja el consumo de estos productos,
entonces no has logrado nada. La lucha de todos los países es encontrar este
punto de equilibrio”.
El sector de los combustibles es
otro gran perjudicado. En pocos años el país pasó de tener cinco empresas
distribuidoras a más de 40, pero solo ocho cumplen con los requerimientos de
ley. Según la normativa, para poder contar con una licencia de distribución,
las empresas deben tener una participación de al menos 2% del volumen de
mercado. Según Mauricio Salazar, presidente de la Sociedad de Empresas de
Combustibles y Derivados (SEC), en la actualidad hay unas 780 estaciones, lo
que significa que la empresa debería tener al menos 16 estaciones para poder
contar con la licencia de distribución.
Por otro lado, muchas estaciones
firmaron contratos con marcas internacionales bajo el modelo de franquicia.
Estas gasolineras han dejado de comprar combustible a sus franquiciadores pero
siguen utilizando sus equipos y exponiendo sus marcas, engañando a los
consumidores y violentando los contratos firmados. “Calculamos que unos 2.5
millones de galones de gasolina se venden al mes bajo este esquema”, dice
Salazar.
Una de las fuentes de donde estas
empresas obtienen el combustible viene del producto exonerado por el Estado,
que en vez de utilizarse para subsidiar el transporte público, se vende a las
estaciones y a clientes industriales. “De los 2.5 millones
de galones de combustible que se
venden de forma irregular, al menos un millón es diésel, que según nuestras
estimaciones, iba destinado al transporte”.
De acuerdo con el SEC, el
problema es que de los 4.5 millones de galones al mes que otorga el Estado
para subsidio del transporte, apenas se utiliza una tercera parte, porque la
mayoría de transporte público cambió a gas (por cierto, casi todos estos
vehículos también cuenta con el Bonogas) y así es como el Estado deja de
percibir más de 200 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo de
cambio de 45 pesos de RD por dólar), en impuestos al mes.
Otros sectores afectados son el
comercio y la construcción. En opinión de Antonio Ramos, presidente de la
Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), uno de los problemas más
grandes es la informalidad. “Cada vez que vemos una tiendita informal en una
esquina lo que vemos realmente es la punta de un iceberg de organizaciones que
se dedican a este tipo de actividades, aquí ya no estamos hablando de
microempresarios sino de una mafia”.
Según Ramos, su estrategia es
aparentar ser empresas pequeñas y no llamar mucho la atención, pero cometen
toda clase de infracciones desde las leyes laborales hasta las impositivas.
Otro de los grandes problemas que enfrentan es el tema de la ropa usada, mejor
conocida como “pacas”, cuya importación está prohibida por la legislación
dominicana.
En el caso de la construcción, se
estima que existen alrededor de 47 empresas hormigoneras distribuidas en todo
el país, de las cuales 39% son informales y operan sin ningún tipo de permiso
ambiental. Además, existe una creciente falta de control en la calidad y
composición del hormigón que se utiliza a nivel nacional que crea un ambiente
vulnerable al país en caso de sismos o desastres naturales.
Para Vinicio Mella, si se toma en
cuenta el consumo de este producto entre los años 2012-2014, se estima que
habría generado cerca de 2 millones de pesos de República Dominicana (a un tipo
de cambio de 45 pesos de RD por dólar), solo por concepto de ITBIS; sin
embargo, el fisco ha dejado de percibir 55% de este total. Otro tema que ha
tenido su discusión dentro del sector es la importación de varilla de acero,
que incumple con una normativa técnica (corrugación para fines de adherencia)
y ha generado polémica por la diferencia del precio entre la que se produce en
el país y la traída desde el extranjero.
Mucho por hacer
Como parte de la respuesta del
Estado a la problemática del comercio ilícito en general, a finales de 2013 se
creó la Mesa Presidencial Contra el Contrabando, Falsificación e Informalidad
de Bienes, coordinada por el Ministerio de Industria y Comercio, y que también
involucra entidades públicas y las asociaciones sectoriales que representan a
los sectores productivos afectados.
En el marco jurídico, el abogado
José Manuel Alburquerque opina que las penas establecidas en la normativa
dominicana son equiparables a las aplicadas en otros países de la región. “En
el país las sanciones penales, aparte del decomiso de las mercancías y la
aplicación del sistema de multas, incluyen la reclusión de dos a cinco años.
Si hablamos de reincidencia, la pena puede llegar hasta los 10 años e incluso
llegar a penas más grandes en caso de tercera o subsiguiente infracción”.
Además, asegura que los vacíos
que afectan el comercio son en su mayoría procedimentales o de falta de
cooperación internacional y no tanto por las lagunas legales. “El contrabando y
el comercio lícito no son un problema exclusivo de la República Dominicana.
Esto trasciende nuestras fronteras y afecta negativamente a muchos estados, por
lo que la cooperación recíproca y una participación más activa de los gobiernos
pudieran significar una mejor solución, pues hay que reconocer que en muchos
casos se visualiza el contrabando como un problema de los comerciantes y el
accionar de los Estados va desde el punto de vista económico, circunscribiendo
sus soluciones a mecanismos fiscales para garantizar el volumen de sus
recaudaciones”, asegura. Por otro lado, estima que las empresas tienen un papel
determinante a la hora de denunciar actividades ilícitas, colaborar con las
instituciones y organismos encargados de supervisar y perseguir estos delitos.
De acuerdo con el vicepresidente
de la AIRD, las labores que ejecuta la Dirección General de Aduanas y la
Dirección General de Impuestos Internos, así como la Procuraduría General de la
República, han dado sus frutos con el decomiso de productos ilícitos y el
desmantelamiento de almacenes y destilerías ilegales. “Hay que seguir
trabajando juntos, informando a los consumidores sobre los riesgos que pueden
tener al consumir estos productos y ejercer la legislación sobre el lavado de
dinero, acción que se liga no solo con el tráfico de drogas sino al comercio
ilícito; sobre todo hay que seguir haciendo énfasis en la formalización de la
economía y lograr una mayor coordinación para castigar a los delincuentes y cerrar
definitivamente los negocios que incumplan las leyes del país”.
Para Moisés Naím, las tendencias
que seguirá el comercio ilícito son muy claras: por un lado la tecnología
debería convertirse en el gran aliado para combatir este delito, y por otro,
preocupa la aparición de lo que él denomina “estados mafiosos”, que son los que
se han enfrentado los cárteles criminales, no para eliminarlos, sino para
utilizarlos en su propio beneficio o para el beneficio de las élites económicas
y mediáticas que rigen el país. “Es muy preocupante esta tendencia donde el
mismo gobierno es el principal actor criminal. Esto está sucediendo donde la
democracia no está funcionando bien”, concluye. Así las cosas, parece que hace
falta mucha, mucha voluntad política para controlar este flagelo que por ahora
parece no dar tregua en nuestro país.
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