Policia

General PNP se enfrenta a Alva Castro
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1) Denuncian que ministro se burla de general por presiones de poder. (2) En las filas policiales también hay conflictos internos que remecen sus bases. (3) Abogado de general acusa a cúpula republicana.

Gral. Víctor Gandolfo lo demanda ante Poder Judicial y reclama su reposición en su anterior cargo de inspector general.

DATO
Fuentes policiales de alto nivel de LA PRIMERA, comentaron que el viceministro del Interior, general (r) Danilo Guevara –a quien no le consultaron el nombramiento de Gandolfo en la Comisión de DDHH– “es un policía código 1, o sea, viene de la ex Guardia Civil, por eso el ministro Alva Castro y los republicanos lo puentean y también le hacen la guerra”.

Exigencia pone de manifiesto “guerra interna” por el control policial entre los ex Guardia Republicana, Guardia Civil y PIP.

Uno de los tres generales de mayor jerarquía de la Policía Nacional del Perú (PNP), el teniente general Víctor Gandolfo Monzón, ha demandado al ministro del Interior Luis Alva Castro ante el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, exigiéndole su reposición en el cargo de inspector general de la PNP, el número 3 en la jerarquía policial.

Lo más revelador de la demanda es que pone de manifiesto una silenciosa pero tradicional “guerra interna” entre los más altos oficiales de la PNP: los pertenecientes a las ex Guardia Civil (“código 1”), PIP (“código 2”) y Guardia Republicana (“código 3”). Estos últimos forman parte de la actual cúpula de poder que maneja a la institución policial y son –según fuentes policiales– los que rodean a Alva Castro (ver recuadro). El único PIP es Gandolfo.

Gandolfo es el mismo general que hasta mediados de agosto pasado ocupaba el cargo de inspector general, del que fue retirado luego de conocerse que la Contraloría lo investigaba por su supuesta participación en la cuestionada compra de los 469 patrulleros en la época de Pilar Mazzetti. Y es el mismo que el 25 de octubre último –como lo reveló LA PRIMERA el 30.10.07– fue nombrado secretario permanente de la Comisión de DDHH del Ministerio del Interior (Mininter) por el presidente Alan García y el ministro Alva.

Pero, contrario a lo que se suponía, de que era un nombramiento hecho para favorecer a este general, la medida ha sido calificada por él, sorpresivamente, como una burla y una arbitrariedad, pues existe una medida cautelar que dispone su restitución en su anterior cargo de inspector. Según el abogado del general, Julio Cachay del Águila, “los republicanos no quieren tener a Gandolfo arriba y por eso lo han colocado en un puesto simplemente decorativo”.

Los “correctivos”
Gandolfo Monzón está investigado por la Contraloría y la Fiscalía por el caso de los 469 patrulleros adquiridos en la gestión de Mazzetti. Según el abogado Cachay, la Contraloría “sólo ha detectado cuatro hallazgos que no son de tipo penal y ya hemos alcanzado los descargos. A pesar de ello, la cúpula policial utilizó el informe de Contraloría para deshacerse de mi defendido”.

Según el abogado, los problemas empezaron cuando el 13 de agosto Genaro Matute le remitió a Alva Castro el informe de Contraloría sobre la adquisición de los patrulleros, pidiéndole que ante las deficiencias administrativas encontradas se adopten las “medidas correctivas en función a las recomendaciones que se formulan”.

El mismo día, el director general de la PNP, David Rodríguez Segeu, le envió a Gandolfo un memorando ordenándole pasar a “depender de esta Dirección General”, y dejarle el cargo de inspector al general Manuel Acuña Timoteo.

El 17 de agosto, Alva Castro le pidió a Rodríguez Segeu que, en base al informe de Contraloría, “se adopte los correctivos… de acuerdo al régimen disciplinario de su institución”. ¿Qué había ocurrido?

Sucede que el concepto “correctivo” tiene otro significado para la Policía.

Según Cachay, “la Contraloría pidió que se corrijan errores administrativos, pero eso fue aprovechado por el ministro y por la cúpula policial para deshacerse de Gandolfo, porque la Ley del Régimen Disciplinario policial dice que lo correctivo es una sanción. Al general se le separó sin haber de por medio una investigación de la institución, como ordena la ley”.

Alva se “lava la cara”
La investigación policial a la que se refiere el abogado, culminó el 29 de agosto, es decir, días después de la separación de Gandolfo de la Inspectoría. “El Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial de Lima resolvió archivar el caso porque no estableció responsabilidad administrativa disciplinaria en el general Gandolfo”.

Como ve usted, primero lo suspendieron ilegalmente con un simple memorando, y recién después lo investigaron. Y ojo, este tribunal es la única instancia competente para suspender a un general en su cargo, y por ley el comando debió esperar los resultados de la investigación”, dijo el letrado.

Tras estas movidas en torno a Gandolfo –asegura su abogado– está la intención de Alva Castro de “lavarse la cara ante tanta corrupción, lanzando al general como cabeza de turco, acusándolo de corrupto”.

Tremendo problema para un ministro del Interior que un teniente general se le rebele.

“Guerra de los códigos” en la Policía
¿Por qué, como denuncia el abogado del general Gandolfo, Alva Castro se habría querido aprovechar del término “correctivo”? Según Cachay, “la ambición, natural, por llegar a la dirección policial se hace más grave por la cuestión de los códigos. Ahorita estamos comandados por puro republicano y el general Gandolfo es el único PIP. El ministro se deja influenciar por la cúpula republicana que quiere volarle la cabeza al general Gandolfo. El ministro está engañado por los republicanos, por eso han aprovechado el término que usó el contralor, que para la Policía significa sancionar, y les cayó como dedo al guante”.

“El general Gandolfo no está conforme con su reciente nombramiento (en Derechos Humanos) y va a seguir litigando, queremos que se le restituya en la Inspectoría según su jerarquía y antigüedad como teniente general, según lo que dispone la Ley de Régimen de Personal de la PNP y el Cuadro de Asignación de Personal.

Cachay señala que a Gandolfo “no le corresponde el cargo de Derechos Humanos porque eso no le corresponde a un policía. Es absurdo que el Presidente de la República y el ministro den un cargo de confianza, como dice la resolución de nombramiento, a quien lo está demandando y denunciando? Es contradictorio. Ese nombramiento no es ningún favor, no hemos pedido ese cargo”.