Discriminacion

DEFENSORES DEL PUEBLO DE IBEROAMÉRICA REAFIRMAN
NECESIDAD DE PENALIZAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN
En el marco del XII Congreso de la FIO

A fin de luchar contra la desigualdad y la pobreza, los Defensores del Pueblo
que participan en el XII Congreso anual de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman que se desarrolla en la capital, reafirmaron hoy la necesidad
que existe en el mundo de penalizar todo acto discriminatorio.
“La mentalidad discriminadora conduce al ser humano a cometer
innumerables fechorías. Incluso, en la práctica, éstas pueden convertirse en
actos de lesa humanidad”, manifestó Waldo Albarracín, Defensor del Pueblo
de Bolivia, quien expuso en la mesa que abordó el área temática “Estrategias
de las Defensorías del Pueblo para la lucha contra la discriminación”.
Propuso que entre las estrategias para combatir la discriminación en su país
se encuentra la penalización de estos actos, a fin de que no queden impunes,
así como a desarrollar acciones y programas para que la normativa que
condene estos hechos se cumpla. “Nosotros caminamos con un dictador
dentro que sale en el momento menos pensado, y ataca al más vulnerable”,
agregó al referirse a la necesidad urgente del desarrollo de una educación
agresiva en el derecho a la igualdad.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de Colombia, Vólmar Pérez, coincidió
en afirmar que toda conducta discriminatoria debe ser penalizada por lo que
la institución que dirige ha presentado al Congreso de su país un proyecto
para reglamentar el derecho a la igualdad y la no discriminación con el cual
se busca eliminar estas prácticas.
Explicó que, por ejemplo, en el tema laboral, en Colombia, las empresas
siguen exigiendo a las mujeres pruebas de embarazo cuando van en busca
de empleo y que la diferencia salarial entre una mujer y un varón es de
aproximadamente 30 por ciento.
“Las parejas homosexuales carecen de los derechos patrimoniales, mientras
que las personas con discapacidad se enfrentan a barreras de infraestructura
pese a los esfuerzos que se realizan en el combate contra la discriminación”
indicó, tras resaltar que la referida iniciativa pretende establecer plazos para
que las autoridades adopten medidas que permitan eliminar la discriminación.

A su turno, los representantes de México y El Salvador, Javier Montezuma y
Óscar Luna, respectivamente, expresaron su preocupación por la
discriminación que viven las personas con discapacidad, quienes quieren ser
identificadas como sujetos y no como objetos, según expresó Montezuma,
quien ostenta el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de México.
Ante esta situación, Javier Montezuma precisó que debe cerrar filas respecto
a nuestro compromiso con las personas con discapacidad. “¿Cuándo vamos
a entender la importante tarea que es poner en igualdad a estas personas?
¿Vamos a esperar que nos pase algo a nosotros o a nuestras familia para
interesarnos?, añadió.
Al respecto, el Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador, Óscar
Luna, dijo que se debe impulsar proyectos en conjunto con la población y
que, en su país, incluso existe una mesa sobre las personas con
discapacidad.
Finalmente, el Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del
Pueblo del Perú, Eduardo Vega, expresó que, en el país, la discriminación se
refleja muchas veces en las políticas públicas y en la designación de
presupuestos.
“Las instituciones no nos protegen adecuadamente frente a los actos de
discriminación. Por ejemplo, la calidad del agua que se ofrece a las
poblaciones rurales no es la misma que tiene la que se brinda a las
poblaciones urbanas, y esto también constituye un acto de discriminación”,
subrayó.
Ante ello, resaltó que la Defensoría del Pueblo del Perú busca ser la
institución que lidere la transformación del país para superar la fractura social
existente y, de esta manera, contribuir a eliminar la exclusión, el racismo y
toda forma de discriminación.