Mineria

ARREGLOS
BAJO TIERRA

Javier Diez Canseco
Las empresas mineras poseen un gran poder político en
nuestro país.Tienen influencias en el Ejecutivo,Legislativo,
autoridades regionales y municipales.Su poder ha crecido,al
punto de contar con una red de empresas de seguridad
privadas, que desarrollan trabajos de inteligencia y
seguimiento a dirigentes sociales o sindicales,con quienes las
empresas mineras tienen algún conflicto.

Qué quiere el poder minero
hoy en el Perú?
Las gigantescas ganancias
de los últimos años han dado
a las empresas mineras
un enorme poder y lo usan con el objetivo
central de mantener los desmedidos
privilegios que disfrutan. Así las
compañías mineras buscan:
■ Impedir que se apliquen regalías
e impuestos a las sobreganancias
que darían al país y a las regiones
una parte más justa de nuestras riquezas
naturales.
■ Contener las demandas de los trabajadores
en pos de salarios dignos.
■ Mantener regulaciones del medio
ambiente y la salud débiles y permisivas.
■ Seguir avasallando comunidades
campesinas.

SUS REDES CON EL GOBIERNO
La incidencia de los mineros sobre el
Estado es evidente. Basta recordar el
“vladivideo” de las negociaciones de
Montesinos con un vocal de la Corte
Suprema para que fallase en favor de
la transnacional minera Newmont en
el litigio contra sus socios franceses
por la posesión de la riquísima mina
de oro de Yanacocha. Como ejemplo
reciente, recordemos como los empresarios
mineros lograron que el Presidente
García incumpla uno de sus
principales compromisos electorales:
establecer un impuesto a las sobreganancias
mineras.
En el Gobierno, cuentan con ministros
y tecnócratas de alto nivel vinculados
a ellos. Por ejemplo, la Dra. Rosario
Padilla ocupó el Viceministerio de
Minería, habiendo sido representante
legal de Doe Run, empresa responsable
de la grave contaminación en La
Oroya. Padilla también estuvo involucrada
en la irregular autorización a
Minera Volcan para reinvertir $170 millones
de dólares sin pagar impuestos.
Esa es la clase de funcionarios públicos
sumisos a las grandes mineras, que
pululan dentro del Estado.
En este primer año del gobierno
de García, las mineras consiguieron
que se emitan decretos que restringen
la participación ciudadana en el
otorgamiento de concesiones mineras
y que recortan la atribución de los
municipios para establecer Áreas de
Conservación Municipal.
Esa influencia dentro del gobierno
se constata también en el Ministerio
del Interior y las fuerzas policiales. No
se trata sólo de la velocidad y fuerza
desmedida que pone la policía para
reprimir conflictos con agricultores
opuestos a la entrada de la minería en
sus tierras (Majaz) con trabajadores
(Casapalca o Shougang). Además,
se dan el lujo de colocar como asesores
del Ministro del Interior a funcionarios
de poderosas empresas: como
Yanacocha.
A tal punto ha crecido el poder minero,
que hasta cuentan con una red
de empresas de seguridad privadas,
como Forza, que desarrollan trabajos
de inteligencia y seguimiento a dirigentes
sociales o sindicales con quienes
tienen algún conflicto. Han llegado
al extremo de intervenir domicilios
y amenazar con armas a quien
creen conveniente. Estas empresas están
integradas por oficiales retirados
de la Marina y de las Fuerzas Armadas,
de la época fujimorista.
La empresa Forza fue descubierta
hostilizando a organizaciones ambientalistas
y a un sacerdote católico,
el padre Arana, en Cajamarca. También
han aparecido supuestas "rondas
campesinas" de la empresa minera
Miski Mayo (propiedad de la brasileña
Vale do Rio Doce) involucrada
en el proyecto "La Morada". Esta situación,
con los antecedentes del primer
gobierno de García y el grupo
llamado “Rodrigo Franco”, puede significar
el germen de una estructura
paramilitar, con gravísimas consecuencias.

SOCAVONES EN LA POLÍTICA
En el Congreso se han promovido
normas legales favorables a estos grupos
de poder, perjudicando a las comunidades
campesinas y agricultores,
manteniendo una autoridad ambiental
desarticulada y sin autonomía.
También, desde el Congreso y el gobierno,
los sectores aliados a las grandes
mineras han bloqueado los esfuerzos
de la Defensoría del Pueblo
para ejercer un mayor control medioambiental
y hacer respetar los derechos
de pueblos originarios y comunidades
campesinas.
La influencia de las mineras implicó,
en algunos casos, otorgar puestos
de funcionarios de la empresa a personajes
claves de los partidos políticos.
Así, Hugo Otero –el hombre que
maneja la imagen y las campañas del
presidente García– ha sido funcionario
de Yanacocha.

PROMESAS OLVIDADAS
Alan García candidato prometía justicia y equidad
ante la minería; Alan García presidente olvidó sus
promesas…
“Las empresas mineras tienen grandes recursos y aún así se permiten
el lujo de seguir explotando al pueblo a través de las services. Pero yo
no tengo miedo, porque no debemos nada a los grandes poderes ni a
los grandes monopolios. Y les digo a esas empresas que el APRA va a
acabar con eso”.
24 de febrero del 2006
“Hay que cumplir las leyes que hablan de los programas ambientales,
de la regulación de las services y de las jornadas laborales de 8 horas.
Hay que considerar además una mayor parte del trabajo y la riqueza
generada en las minas en el canon, y que la mitad o más del mismo vaya
a las provincias”.
27 de febrero del 2006
“Cuando se hicieron los contratos, el precio del oro estaba en 240 dólares
la onza, hoy está en 660 dólares la onza. Me parece que manteniendo
una relación cordial pero firme con las empresas internacionales,
tendremos derecho a que venga mucha más inversión”.
3 de mayo del 2006
“DIVIDIR Y REINAR”
Algunas empresas mineras han buscado
–con matices– mejorar el manejo
de su relación con la población, especialmente
a partir del caso de Minera
Tintaya.
Otras compañías han tenido una
lógica confrontacional y prepotente.
La empresa minera Manhattan –en
Tambogrande, Piura– aplicó esta estrategia,
pero en aquella zona, un vasto
movimiento campesino y popular
detuvo este proyecto que habría destruido
una de las principales áreas
agrícolas del país. Esa misma lógica
prepotente y manipuladora adoptaron
otras empresas, como Doe Run
en La Oroya, Yanacocha en Cajamarca,
Shougang en Marcona, Volcan,
Casapalca, Majaz o Aruntani.
Algunas empresas han constituido
el llamado “Grupo Norte”, que busca
generar un “colchón” social de defensa
a las inversiones mineras, otorgando
algunos beneficios a limitados
sectores y buscando dividir las organizaciones
sociales existentes. Generar
este “colchón” en favor de proyectos
mineros cuestionados por la población
implica someter –con prebendas
y favores– a diversos medios de
comunicación y “periodistas”, buscando
desprestigiar las críticas, aislar a
quienes reclaman y facilitar la represión
de los dirigentes.
Con ello se ha impuesto un monótono
discurso en gran parte de los medios
de comunicación (radio, TV. y
prensa escrita), sosteniendo que la minería
sólo genera beneficios al país.
Ese mismo discurso alega que los conflictos
de la población con determinadas
actividades mineras son obra de
agitadores. Varios periodistas independientes
que no se han sometido y
sufrieron represalias debido al enorme
peso que tienen en las compañías
mineras en muchas localidades.
También buscan influir sobre autoridades
regionales y municipales,
ofreciendo obras o –en otros casos–
negocios particulares y prebendas a
los funcionarios para que las favorezcan.
Son numerosos los casos de funcionarios
que fueron beneficiados con
pagos de estudios y becas, negocios
para ser sus proveedores, o han sido
contratado posteriormente como empleados.
Se gana así, con la billetera,
lo que no se gana con los votos de la
gente: autoridades sumisas.
En otros casos las compañías mineras
han combinado una influencia
corruptora sobre autoridades locales
con el sometimiento y chantaje a las
organizaciones de trabajadores. Doe
Run, por ejemplo, somete a sus trabajadores
de La Oroya a un virtual chantaje:
su salud a cambio de mantener
su trabajo, señalando que si le obligaban
a hacer inversiones de manejo
ambiental, se cerraría la empresa.
La ofensiva contra las Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs) ambientalistas,
ha sido muy dura por parte
de la Sociedad Nacional de Minería,
promoviendo –a través de sus lobbistas
como el Dr. Ántero Flores Aráoz–
una legislación que permita someterlas
y recortarles su independencia. Y
en el caso de la Iglesia Católica, contando
con la creciente influencia del
Opus Dei, han buscado retirar de las
zonas mineras a religiosos que defienden
a la población afectada.
Así, el poder minero ha tendido
una extendida telaraña para detener
la exigencia de amplios sectores nacionales
por una minería respetuosa
con el medio ambiente y que abandone
sus exagerados privilegios tributarios.
Contra ello nos enfrentamos
quienes aspiramos a un manejo más
equilibrado y justo de nuestros recursos
naturales, para usarlos en función
de un proyecto nacional de desarrollo
y el bienestar de todos. ■

Especulando con nuestras riquezas
El año 2003, el rico yacimiento de Toromocho fue concesionado
por apenas US$ 2 millones de dólares a inversionistas que no desarrollaron
el yacimiento y simplemente se sentaron a esperar.
En julio del 2007, estos especuladores revendieron la concesión por
US$ 800 millones de dólares a una minera china. ¡Una ganancia de
400 a 1, sin haber hecho practicamente nada!
Por supuesto, el Estado Peruano no ha recibido un centavo de
esos US$ 800 millones.

Palabra de escritor
“A la tercera copa, Mateo le dijo al subprefecto:
-Necesitamos, querido subprefecto, dos gendarmes.
-¿Para qué hombre?... –respondió en broma y ya algo chispo el viejo Luna- ¿A quién van a echar bala?...
José alego:
-Es para ir a ver a unos peones prófugos. ¡Qué quiere usted! La “Mining Society” nos obliga a poner en las minas cien
peones de aquí a un mes. La oficina de Nueva Cork exige más tungsteno. Y los cholos que tenemos “socorridos” se resisten
a cumplir sus contratos y a salir para Quivilca.”
César Vallejo, El Tungteno