
El Banco y las Naciones Unidas aúnan esfuerzos para ayudar a los países a recuperar activos saqueados
Según estimaciones en que se basa la iniciativa, puesta en marcha en el día de hoy, cada año se pierden entre US$1 billón y US$1,6 billones en virtud de diversas actividades ilegales, como la corrupción, las actividades criminales como el narcotráfico, la falsificación de moneda y otros bienes, y el comercio ilegal de armas, así como la evasión de impuestos.
Al anunciar el plan, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon; el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick; y el director ejecutivo de
"Los países desarrollados y los países en desarrollo deben mancomunar sus esfuerzos", dijo Zoellick. "Los países en desarrollo tienen necesidad de lograr mejoras en cuanto al buen gobierno y la rendición de cuentas; los países desarrollados, por su parte, deben dejar de brindar refugios seguros para el producto del robo".
Dirigentes corruptos de países pobres se apropian de hasta US$40.000 millones por año y acumulan en el exterior los fondos robados, que son extremadamente difíciles de recuperar una vez que han salido del país, como lo han descubierto países como Nigeria y Filipinas.
Nigeria tardó cinco años en recuperar US$500 millones robados que se encontraban en bancos suizos.
Sin embargo, ese período fue breve, en comparación con los 18 años que le llevó a Filipinas recuperar US$624 millones sustraídos por el ex jefe de Estado Ferdinand Marcos.
A través del nuevo plan, descripto en Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan (Iniciativa para la recuperación de activos robados (Iniciativa StAR): Desafíos, oportunidades y plan de acción), el Banco Mundial y las Naciones Unidas se proponen intensificar los esfuerzos internacionales encaminados a recuperar activos robados a países en desarrollo, y poner freno a la corriente de fondos robados.
Impacto "devastador"
En su informe conjunto sobre el robo de activos, el Banco Mundial y
La corrupción en los más altos niveles de Gobierno degrada las instituciones públicas, en especial las que participan en la administración de las finanzas públicas y la gestión del sector financiero. Según el informe, este tipo de corrupción deteriora e incluso impide que exista el clima necesario para la inversión privada, y va en detrimento de la prestación de servicios de salud y educación básicos, lo cual perjudica principalmente a los pobres.
Según Zoellick, "el impacto del robo en gran escala sobre el desarrollo es devastador".
"Se moviliza ilegalmente un enorme volumen de fondos que es necesario poner al servicio de la lucha contra la pobreza", agrega Danny Leipziger, vicepresidente del Banco Mundial del sector de Reducción de
En el informe se señala que cada US$100 millones recuperados permitirían financiar la inmunización completa de cuatro millones de niños, proporcionar conexiones de agua a alrededor de 250.000 hogares o financiar durante todo un año el tratamiento antirretroviral de más de 600.000 personas que padecen VIH/SIDA.
"No deberían existir refugios seguros para quienes roban a los pobres", agrega Zoellick. "Ayudar a los países en desarrollo a recuperar el dinero robado será esencial para financiar programas sociales y hacer saber a los dirigentes corruptos que no podrán eludir la ley".
El G-8 y
Anteriores esfuerzos encaminados a ayudar a los países a repatriar fondos fueron de carácter bilateral y no contaron con la asistencia de
Esto hizo, a su juicio, que los países en desarrollo se vieran confrontados con numerosos obstáculos al tratar de recuperar activos. Varios países de destino de fondos saqueados carecen de un marco jurídico para su devolución.
Para corregir esta situación, en
Además, en
Por otra parte, los países ricos deberían presionar a los países con mercados emergentes que se utilicen como refugios de activos robados para que ratifiquen e implementen
• Crear capacidad de atender y presentar solicitudes de asistencia jurídica recíproca internacional.
• Adoptar y aplicar eficaces medidas de confiscación, incluidos los mecanismos legales de confiscación no basados en declaraciones de culpabilidad.
• Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los sistemas de gestión de las finanzas públicas.
• Crear y fortalecer los organismos nacionales de lucha contra la corrupción.
• Ayudar a realizar el seguimiento de los fondos recuperados, si los países afectados lo solicitan.
El sector privado no financiero y las organizaciones no gubernamentales podrían brindar capacitación a unidades de recuperación de activos especializadas de los países en desarrollo y hacer participar a la sociedad civil y a los medios de difusión en actividades de seguimiento del uso de activos recuperados.
En el marco de
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