¿Es posible un castigo económico para las
empresas cómplices?
INFOnews - domingo, 22 de marzo de 2015
La última dictadura militar marcó una
bisagra en la historia de nuestro país, no sólo por su impacto político sino
por el cambio económico que implicó el fin del modelo de sustitución de
importaciones. La nueva etapa neoliberal se caracterizó por la concentración de
la riqueza, la desindustrialización de la economía y la privatización de las
empresas estatales. El liberalismo económico, tan apreciado por las grandes
empresas, se impuso mediante una represión política inusitada, siendo los dos
fenómenos tan íntimamente asociados que en muchos casos judicializados –como
los de Ledesma, Papel Prensa y La veloz del Norte, entre otros– la desaparición
de personas se asoció al proceso de concentración de capital o de
desarticulación de los sindicatos.
Desde 2004, Argentina avanzó
notablemente en los juicios penales contra los autores de los crímenes de lesa
humanidad llevados adelante por las fuerzas armadas durante la última dictadura
militar. Sin embargo, la lentitud de algunos tribunales dificulta la búsqueda
de verdad y justicia, lentitud que se asemeja mucho a un retroceso cuando se
apunta al poder económico vigente desde entonces. De esa forma, vimos esta semana
cómo la sala IV de casación le dictó falta de mérito a Carlos Blaquier en la
causa por la desaparición de personas en el ingenio Ledesma, realizado con la
ayuda de una camioneta de la empresa.
Más allá de las responsabilidades
penales de los autores civiles y militares de la represión que deberá resolver
la justicia, es necesario pensar también en la posibilidad de un castigo
económico para las empresas involucradas en estos casos. Porque no es posible
imaginar que varios empleados de una empresa actúen sin la autorización y
coordinación del dueño, de la misma manera que no es posible pensar en la
existencia de campos de concentración sin el advenimiento de la cúpula de la
junta militar.
La dificultad existente es que un
castigo económico puede comprometer la existencia de las empresas, y terminaría
castigando a los propios trabajadores que actualmente se encuentran empleadas
en ella. Por lo tanto, la opción más adecuada pareciera ser la estatización de
las empresas sin contrapartida económica para los involucrados y sus herederos.
Existen antecedentes históricos
de casos asimilables en los cuales el Estado procedió de esa forma. Un caso
importante pero no tan conocido es el ocurrido en Francia luego de la Segunda
Guerra Mundial. Cabe recordar que Francia se rinde en poco más de un mes ante
la invasión alemana, casi sin pelear. Si bien sigue siendo un período polémico
de la historia francesa, los empresarios franceses no lo vieron con malos ojos,
dado que muchos preferían la invasión nazi antes de que vuelva el Frente
Popular. En efecto, mientras la alianza de socialistas y comunistas que gobernó
Francia entre 1936 y 1938 había llevado adelante una política tendiente a
institucionalizar históricas reivindicaciones obreras, la derrota militar les
permitió a los patrones llevar adelante una revancha clasista consistente en
borrar esas conquistas, eliminando los sindicatos, obligando a los trabajadores
a trabajar más horas con el mismo sueldo, e incluso llevando obreros a trabajar
en Alemania. Así es como Renault y varias otras empresas francesas apoyaron el
ejército alemán, fabricando para ellos camiones militares, y convirtiéndose en
objetivo de los bombardeos aliados a partir de 1944.
La victoria de los aliados llevó
a un proceso de juicios y encarcelamiento de varios
"colaboracionistas", entre los cuales se encontró Louis Renault,
muerto en prisión al poco tiempo. Sin embargo esto no frenó la política de
estatización sin indemnización de las empresas acusadas de colaborar con el
enemigo, siendo Renault la más emblemática de esas empresas, por su tamaño y su
actividad gremial. Así es como la Régie Renault pasó a producir automóviles
bajo control estatal hasta que durante los años noventa se fue privatizando la
empresa, y en paralelo se buscó rehabilitar la figura de su dueño originario.
Este antecedente tiende a
demostrar que los graves delitos penales generados por las empresas también
deben tener su correlato en un castigo económico, dado que los beneficios
económicos logrados a través de la represión son una parte fundamental del
objetivo buscado por el Proceso de Reorganización Nacional.
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