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En medio de una inflación demasiado baja, resurgen ideas de políticas radicales

The wall street journal -  marzo de 2016  

Hace 40 años, los gobiernos desesperados por controlar una inflación de dos dígitos recurrieron a los controles de salarios y precios. La idea quedó desacreditada, pero ahora ha resucitado. En esta ocasión, sin embargo, el objetivo es aumentar los sueldos y los precios en lugar de contenerlos.

La intervención directa es la clase de medida radical que las autoridades adoptan cuando han agotado el resto de las opciones para aumentar una inflación considerada demasiado baja. Japón lo ha intentado.

El primer ministro Shinzo Abe y el Banco de Japón ya han utilizado el estímulo fiscal, compras gigantescas de bonos del gobierno —una política conocida como flexibilización cuantitativa— y, a partir de enero, tasas de interés negativas en un esfuerzo por impulsar el gasto, los salarios y los precios. Se han producido algunos avances: la inflación es positiva, si no se toman en cuenta los precios de los alimentos y la energía. Los precios al consumidor, no obstante, siguen muy por debajo de la meta del banco central de 2% y la entidad reconoció esta semana un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento y de inflación.

La baja inflación se explica, en parte, por el derrumbe de la cotización del petróleo. Algo mucho más llamativo, sin embargo, es que los sueldos no han subido mucho pese a que el desempleo alcanzó su nivel más bajo de los últimos 19 años.

El mismo fenómeno se repite en Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, donde la desocupación se ubica en niveles iguales o inferiores a los que prevalecían antes de la recesión, pero el crecimiento de los salarios es prácticamente nulo. Esto entorpece el mecanismo subyacente del estímulo fiscal y monetario, que es generar una demanda lo suficientemente robusta como para que las empresas tengan que pagar más para atraer trabajadores y que luego trasladen este costo adicional a los precios de sus productos y servicios.

Abe ha exhortado a las grandes empresas a aumentar los sueldos durante sus negociaciones anuales con los sindicatos. El año pasado, no obstante, el incremento promedio del salario entre las 249 compañías que integran el Keidanren, la federación de los empleadores japoneses, apenas llegó a 0,44%, resaltaron en una reciente entrada de blog los economistas del Fondo Monetario Internacional Luc Everaert y Giovanni Ganelli. En las negociaciones para este año, que acaban de finalizar, Toyota elevó su salario base en 1.500 yenes (US$13), un 0,4% que equivale a la mitad de lo que solicitaba el sindicato y un tercio del alza del año pasado, a pesar de que la automotriz prevé ganancias récord.

El traslado de la producción a otros países y el ascenso del empleo por contrato, a costa de los trabajos permanentes, han debilitado el vínculo entre las ganancias y los salarios. Los sindicatos, a su vez, priorizan la seguridad del empleo en desmedro de los aumentos de sueldo.

“Algún tipo de mecanismo, una ‘mano visible’, es necesaria para que suban los salarios”, manifestó en 2014 el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda. Su plan era que una meta de inflación de 2% cumpliría ese papel en reemplazo de las negociaciones entre empresas y sindicatos, pero aún no ha dado frutos.

¿Cómo se puede restaurar el lazo entre los precios, las ganancias y los sueldos? En un artículo reciente, Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, y Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, presentan varias propuestas al gobierno de Abe. La primera es aplazar un prometido recorte de los impuestos que pagan las empresas hasta que eleven los salarios. En segundo lugar, proponen aumentar los sueldos del sector público, lo que obligaría a los empleadores privados a hacer lo mismo para retener a su personal. La tercera idea es aumentar en por lo menos 5% el sueldo mínimo y los salarios en los contratos que concede el gobierno y los sectores regulados. Finalmente, proponen indexar los salarios a la inflación en los sectores en los que el gobierno tiene jurisdicción.

Los economistas del FMI concuerdan con tales sugerencias y ofrecen algunas propias, como gravar a las empresas que “no trasladen un crecimiento excesivo de las ganancias” o implementar un mecanismo que obligue a las empresas a “aumentar los sueldos en al menos 2% además del crecimiento de la productividad”.

Si en un inicio los salarios suben más rápidamente que los precios, el consumo debería dispararse. Las empresas, no obstante, sentirían las tentación de aumentar los precios para preservar sus márgenes de ganancia puesto que el objetivo es crear “una espiral salarios-precios como la que se temía en los años 70”, señalaron Blanchard y Posen. A medida que el alza de los salarios y los precios aumentan el Producto Interno Bruto nominal (es decir, sin tomar en cuenta la inflación), la relación deuda-PIB del país, que ahora es de casi 250%, empezaría a caer.

Aunque los tenedores de bonos podrían gastar menos conforme su poder adquisitivo decae, otros deberían gastar más ya que el Banco de Japón mantiene bajas las tasas de interés reales (es decir, sumando la inflación). La inflación podría subir demasiado, pero los bancos centrales tienen más experiencia resolviendo este problema que el de la inflación excesivamente baja.

A pesar de su atractivo teórico, esta política genera de inmediato interrogantes prácticas y filosóficas. ¿Cómo se definiría “un crecimiento excesivo de las ganancias”? ¿Cómo se obligaría a las compañías a cumplir con la normativa? La negociación centralizada de salarios ha perdido fuerza en Japón, al igual que en Europa, a medida que las empresas ajustan el sueldo a sus necesidades competitivas. Cada compañía tendría un incentivo para evadir la regla de subir los sueldos y los precios con la esperanza de ganar participación de mercado cuando sus rivales la cumplan. En el caso de EE.UU., donde los sindicatos son incluso más débiles que en Japón, un sistema de esta naturaleza sería aún más difícil de implementar.

Controles efectivos de precios y salarios, que los europeos denominan “políticas de ingresos”, exigen que los burócratas traten de adivinar decisiones del sector privado con facultades de supervisión invasivas y distorsionadoras. Cuando EE.UU. impuso controles a comienzos de los años 70, los políticos o las personas que ellos nominaban decidían quiénes estaban sujetos a los controles, qué clase de información tenían que proveer, cuáles costos podían trasladar a los precios de sus productos, en cuánto podían subir los sueldos y qué podían calificar como una exención. “Al alentar a las personas a espiar y delatarse, al hacer que el interés privado de un gran número de ciudadanos sea evadir los controles, y al volver ilegales acciones que corresponden al interés público, los controles socaban la moralidad individual”, escribió en su momento Milton Friedman. Tampoco lograron beneficios duraderos. Al final, la inflación fue derrotada por un drástico ajuste de las tasas de interés.

De todos modos, en momentos en que las autoridades económicas de las economías desarrolladas están desesperadas por hallar nuevas formas de aumentar los ingresos y la inflación, opciones más radicales como los controles de salarios y precios estarán sobre la mesa.