Una fundición remota simboliza
los dilemas que Perú le plantea a Kuczynski
The wall street journal-lunes, 1 de agosto de 2016
LA OROYA, Perú—Por años, la
población de esta ciudad de los Andes ubicada entre estériles montañas ha visto
como los empleos desaparecen a medida que cesan las operaciones de la fundición
que llegó a ser el motor de su economía.
El nuevo presidente peruano, el
ex ejecutivo de Wall Street Pedro Pablo Kuczynski, promete cambiar la
situación, pero advierte que el país debe relajar sus estándares de calidad del
aire para captar inversionistas dispuestos a comprar y poner de nuevo a
funcionar el complejo construido hace un siglo, que procesa concentrados de
mineral y los transforma en metales de alto valor para su exportación.
“¿Por qué enviar concentrado a
China u otras partes cuando lo podemos fundir acá?”, preguntó Kuczynski, quien
asumió la presidente el jueves pasado, en una entrevista reciente. “Para
hacerlo, hay que contar con estándares ambientales realistas”.
Los planes del mandatario, sin
embargo, presentan una dificultad en un lugar donde la contaminación industrial
acumulada durante muchos años ha provocado enfermedades graves.
La postura de Kuczynski subraya
para numerosos peruanos las ventajas y desventajas de contar con un presidente
con una amplia experiencia en el mundo de los negocios.
El ex presidente de la junta del
banco de inversión First Boston International en Nueva York dice que gestionará
Perú de manera más eficiente y atraerá la inversión necesaria para reducir un
nivel de pobreza de 22%. A algunos, no obstante, desde sus opositores políticos
a grupos ecologistas, les preocupa que Kuczynski debilite las normas ambientales
y laborales.
Sus políticas son seguidas de
cerca por empresas mineras y energéticas, que durante años han realizado
grandes inversiones en este país de 30 millones de habitantes.
“Él ha señalado que va a iniciar
una revolución social. Entonces, la primera pregunta es, ¿Los banqueros pueden
hacer una revolución social?” “El problema es ¿cómo garantizar el derecho a la
inversión y derecho a los trabajadores con los derechos a la población
afectada?”, dijo Marco Arana, un legislador izquierdista. “El problema es cómo
garantizar los derechos de inversión y los derechos de los trabajadores con los
derechos de la población afectada”.
En La Oroya, donde la temperatura
puede bajar a cero durante la noche y los visitantes sienten la falta de
oxígeno a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, la elección de Kuczynski
ha generado esperanza entre muchos residentes y preocupación entre otros. Cerca
de la mitad de los 35.000 habitantes han dejado la ciudad desde 2009, cuando
Doe Run Perú, una filial de la minera neoyorquina Renco Group, cesó las
operaciones ante sus dificultades para hallar financiamiento debido a los
requisitos ambientales impuestos a la planta. Un grupo de acreedores designó a
compañías para vender la fundición después que Dow Run Perú se acogiera a la
bancarrota.
The Renco Group dice que Perú
violó su acuerdo de libre comercio con EE.UU. al tratar en forma injusta a Doe
Run Perú, lo que desembocó en la bancarrota. Josh Weiss, abogado de Renco, que
ha buscado obtener una compensación del gobierno peruano, manifestó que Doe Run
Perú acordó ceñirse a estrictas normas ambientales en la fundición después de
una década en que fue operado por otras compañías casi sin ningún control
ecológico. Weiss indicó que Doe Run Perú, que adquirió el complejo tras su
privatización en 1997, invirtió más de US$300 millones en proyectos ambientales
y redujo las emisiones en forma significativa.
En La Oroya, algunos apartamentos
que solían albergar los aproximadamente 3.000 empleados están vacíos. El número
de estudiantes registrados en las escuelas ha caído marcadamente.
Dueños de pequeños negocios como
Ciria Vasquez, de 69 años, cuyo difunto esposo trabajó por 40 años en la
fundición, dicen que pasan apuros para mantener abiertas sus puertas.
“Estoy a punto de cerrar la
tienda”, dijo Vasquez, quien vende galletas, papas fritas y gaseosas cerca de
la fundición.
Walter Baldeon, de 38 años, dijo
que su restaurante sólo puede mantenerse por seis meses más. “Antes era
bastante gente, bastante comercio”, dijo. “Espero que este gobierno la abra [la
fundición]. Si no, estamos fritos”.
No obstante, la gente de este
pueblo sabe que reabrir la fundición conlleva un costo. Pablo Fabián Martínez
dice que sus tres hijos tenían sarpullido, la garganta irritada y los ojos rojos
por la contaminación generada por la planta cuando estaba en funcionamiento.
Silvia Carhuaz, de 35 años,
recuerda sufrir de fuertes dolores de cabeza y ataques de asma cuando operaba
la fundición. “Me da miedo volver antes de eso estar enferma”, dijo Carhuaz,
que se desempeña como contadora. “No podía salir, no podía estudiar ni
trabajar. Estaba encerrada en mi casa”.
La enorme chimenea de la fábrica,
construida en 1922, solía emitir gases tóxicos que envenenaban a los residentes
y atrofiaban el desarrollo de los niños, de manera tan severa que la ciudad
atrajo a investigadores de todo el mundo.
Hugo Villa, un neurólogo que
trabajó en La Oroya por 30 años, halló que muchos bebés se contaminaban con
plomo cuando aún estaban en el vientre de su madre.
En la entrevista, Kuczynski
reconoció la seriedad de la contaminación de La Oroya. Pero dijo que con nuevas
tecnologías, la polución podría ser reducida a niveles aceptables, permitiendo
que la fundición opere y genere empleos.
“La Oroya está agonizando”, dijo
durante un viaje al pueblo a principios de julio. “Tenemos que darle oxígeno”.
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