La paz en las favelas de Rio de
Janeiro, una meta olímpica en duda
The wall
street journal - mayo de 2016
RIO DE JANEIRO—Hace siete años,
cuando se inició un nuevo esfuerzo policial comunitario en algunos de los
barrios más violentos y descuidados de esta ciudad, residentes como Denise
Moraes da Silva tenían esperanzas.
Después de abordar favelas más
pequeñas, cientos de policías en traje de combate y vehículos blindados
ingresaron en 2012 a su vecindario, Complexo do Alemão, una de las favelas más
grandes de Rio. El objetivo de la “Unidad de Pacificación de la Policía”, o
UPP, era quitarles el control a las pandillas de narcotraficantes armadas y
despejar el camino para que haya calles más seguras y mejores servicios
públicos.
Lo que siguió fueron períodos de
relativa calma salpicados por tiroteos feroces entre traficantes y la policía.
Los residentes a menudo quedaban en medio del fuego cruzado. Una de las
víctimas fue el hijo de 20 años de Da Silva, Caio, conductor de mototaxi. Un
juzgado local falló que el policía que le disparó y lo mató, hace dos años, lo
hizo de forma accidental.
“Cuando empezó la pacificación,
creí que iba a ayudar. Pero desafortunadamente eso no pasó”, dice Da Silva,
empleada bancaria de 51 años. “Antes de las UPP, había tráfico (de drogas), sí,
pero no tiroteos a diario. Se podía caminar sin miedo”.
Incidentes como el que cobró la
vida del joven Da Silva han erosionado la confianza del público en las UPP.
Otros problemas también plagan la iniciativa bandera de la ciudad en seguridad
pública. Aunque algunas de las favelas han registrado una mejoría en seguridad,
otras han vuelto a caer en la violencia a medida que bandas delictivas se han
reagrupado y los recortes de presupuesto han obligado a la policía a reducir su
actividad.
El negocio de las drogas que se
había detenido o que se había limitado al bajo mundo ahora florece abiertamente
en muchos barrios. Tiroteos entre policías y traficantes, o entre pandillas
rivales, son comunes en favelas antes calmas cerca de las playas más populares
de Rio. Sólo en abril, al menos 11 personas murieron en tiroteos con la
policía, muchos en áreas de las UPP, según Amnistía Internacional.
“Ya había evidencia del
debilitamiento del modelo de las UPP. Lo que está pasando hoy, creo, es que la
situación se ha vuelto grave”, dice Silvia Ramos, profesora especializada en
seguridad pública de la Universidad Cândido Mendes, de Rio.
El deterioro de las UPP no podría
producirse en un peor momento para el gobierno, que está invirtiendo fuerte en
seguridad para los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia de inauguración será el 5
de agosto.
Para proteger un estimado de
500.000 turistas y deportistas, el país desplegará 85.000 agentes, más del
doble de los que usó Londres en 2012. Sin embargo, no se sabe lo que sucederá
después del evento. En su candidatura original para ser anfitrión, los
organizadores locales prometieron una “seguridad ampliamente mejorada” en Rio
como un beneficio duradero.
No obstante, las estadísticas más
recientes no son alentadoras. En marzo, los robos en las calles de Rio
aumentaron 29% comparado con el año previo, según el estado. En Leblon, uno de
los barrios más exclusivos de la ciudad, narcotraficantes rivales han
protagonizado batallas armadas e incluso han lanzado granadas, aterrorizando a
los residentes.
En las áreas de las UPP, la cifra
de muertes violentas, incluyendo muertes por la policía y homicidios, se elevó
55% interanual en el primer semestre de 2015, según los datos más recientes
disponibles.
“El verdadero legado sería usar
los megaeventos para trasformar la situación de seguridad de Rio”, dice Ignacio
Cano, profesor de sociología de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro. “En
ese aspecto, creo que el avance ha sido muy limitado”.
Pricilla Oliveira, una comandante
del programa UPP, reconoce que en algunas áreas los tiroteos han aumentado,
pero señala que la violencia general ha descendido desde que empezó la
iniciativa, en 2008.
“Considerando la complejidad del
programa y que no se han planteado otros para controlar la delincuencia en las
áreas más violentas de la ciudad, considero (el desempeño de las UPP)
excelente”, asevera Oliveira. “Claro, como cualquier programa de esta magnitud,
necesita ser enmendado a medida que surjan dificultades con el tiempo”.
La iniciativa de las UPP fue
lanzada con bombos y platillos a fines de 2008, promocionada como un nuevo
modelo policial que traería paz a partes de esta extensa ciudad desde hace
tiempo ignoradas. La calma en las calles, según la teoría, permitiría la
prestación de mejores servicios de salud, educación y tratamiento de aguas
residuales, a la vez que atraería más inversión privada y empleos.
Después de cierto éxito inicial
en favelas más pequeñas, y con la ayuda de donantes privados, el programa se
expandió de forma veloz. Las autoridades, sin embargo, dicen que el crecimiento
fue demasiado rápido y que el gobierno municipal no pudo cumplir las promesas
de mejores servicios públicos luego del ingreso de la policía.
La crisis económica de Brasil
también ha perjudicado el programa. Los donantes privados desaparecieron y una
brutal recesión ha reducido la financiación pública.
En marzo, José Beltrame,
secretario de seguridad del estado de Rio de Janeiro y un gran proponente de
las UPP, anunció US$571 millones en recortes al presupuesto de seguridad. El
funcionario añadió que las nuevas inversiones en esta materia serían
“prácticamente cero”.
“No estoy orgulloso de los
recortes”, señaló Beltrame.
Una UPP planeada desde hace
tiempo en Maré, otra de las grandes favelas de Rio, ha sido descartada, dijo
Beltrame. Allí, en una tarde reciente jóvenes caminaban y paseaban en
motocicletas exhibiendo ametralladoras pesadas.
Los residentes atribuyen buena
parte de los problemas del programa al comportamiento hiperagresivo de los
policías de las UPP.
Algunos han aparecido en videos
manipulando evidencia. Los residentes dicen que algunos agentes de las UPP usan
tácticas de mano dura, incluyendo el derribamiento de puertas sin orden
judicial o el ingreso a fiestas sin invitación para apagar la música.
“Para ingresar al apartamento de
alguien (en los barrios ricos de Rio) se necesita una orden judicial”, dice
Elisabete Aparecida Dias da Silva, de 58 años, quien dirige un centro cultural
y de alfabetización en Alemão. “Acá, entran sin orden. Los residentes no
confían en la policía”.
Oliveira señala que la policía ha
establecido una línea telefónica para que los residentes presenten sus quejas.
Las promesas incumplidas de la ciudad sobre las escuelas, el agua potable y
opciones de transporte público han agravado el resentimiento.
La iniciativa de las UPP “era una
oportunidad para cambiar la mentalidad de toda una generación”, dice Erika Robb
Larkins, profesora de estudios brasileños de la Universidad de Oklahoma, quien
ha escrito un libro sobre las favelas. “Eso se desbarató bastante rápido”.
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