La soberanía de las transnacionales
INFOnews - sábado, 27 de junio de 2015
Estados Unidos impulsa dos Tratados de Libre
Comercio (TLC) que desde 2013 delimitan un orden mundial basado en la soberanía
de las corporaciones transnacionales. Uno es el Acuerdo Transpacífico de
Asociación Económica (TTP, Trans-Pacific Partnership) con diez países de Asia y
del pacífico, entre ellos Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei,
Singapur, Canadá, Vietnam y los latinoamericanos Chile, México y Perú. El
presidente Barack Obama pretende aprobarlo por una vía rápida (fast track)
habilitada por la Cámara de Representantes, que tiene por finalidad la
ratificación sin debate parlamentario debido a la oposición del ala progresista
de su partido, aunque cuenta con apoyo de conservadores y republicanos, publica
Tiempo Argentino.
El otro es el Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) con la Unión Europea
(UE), cuya votación en el Parlamento europeo se frenó la semana pasada por la
oposición de la izquierda, de los ecologistas, de parte de los
socialdemócratas, e incluso de algunos conservadores y ultraderechistas.
Siguiendo el modelo de integración neoliberal del Tratado de Comercio de
América del Norte (NAFTA), el objetivo de estos TLC es incluso más amplio que
la delimitación de una extensa zona de libre comercio entre más de cincuenta
países que concentran el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI)
mundial, ya que ambos tratados establecen un conjunto de normas desregulatorias
del mercado, sobre todo de servicios, que tenderá a suplantar a la paralizada
Organización Mundial del Comercio (OMC), aún basada en el derecho de los
Estados.
El sustrato del TTIP y TTP, que "conducen
a cambios fundamentales en la estructura legal, judicial y reguladora del
Estado", según señala el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, se
evidencia en la controvertida cláusula que equipara Estado e inversor (ISDS,
por sus siglas en inglés) en ambos instrumentos, que dispone la conformación de
tribunales arbitrales privados al margen de las constituciones nacionales. Esto
constituye una violación de la soberanía popular, a través de los cuales las
transnacionales podrán demandar a un Estado y cobrar indemnizaciones millonarias,
no sólo a partir de la quita de una concesión o expropiación sino a partir de
un cambio de legislación o de la implementación de una política pública, ya sea
educativa, de salud, laboral, previsional, etc., que afecte sus intereses. El
derecho de los tratados rebaja así los niveles de protección social al que dio
lugar el Estado de Bienestar en Europa y el resto del mundo, y reduce
estándares medioambientales a partir de la incorporación de legislación
estadounidense que promueve sobre todo libertades económicas. En materia de
derechos civiles, los TLC recogen la versión norteamericana de derechos de
propiedad intelectual que privatizan el acceso a la información a través de la
Web (a tono con Ley SOPA que intentó aprobarse en Argentina).
El secretismo que envuelve las negociaciones
también imprime un carácter antidemocrático a los TLC, que retrotrae la
política internacional a las prácticas previas a la Primera Guerra Mundial,
caracterizadas por los acuerdos de cúpulas y la rivalidad nacional. El objetivo
de mantener ocultos los TLC es evitar la movilización en contra, que de hecho
ya generó (véase noalttip.blogspot.com), y que potencias rivales como China,
excluida del TTP, influya en las negociaciones para establecer nuevas reglas de
comercio e inversión.
Pero los latinoamericanos sabemos de qué se
trata. Casos como el de los "fondos buitre" contra la
reestructuración de deuda soberana argentina, como el de la petrolera Chevron
contra el Estado ecuatoriano y como el de la tabacalera Philip Morris, que
demandó al Estado uruguayo cuando se aprobó la Ley Antitabaco, fueron posibles
a partir de estos tratados firmados en la década del 90', que como el TTIP y
TTP cedían soberanía en favor de las transnacionales. Mediante estos TLC,
Estados Unidos parece aspirar a la reconstrucción de una hegemonía amenazada
por el surgimiento de un orden multipolar sustentado en torno a los BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), cuyos miembros fueron excluidos de
los tratados, y de Latinoamérica, que construye una alternativa posneoliberal
desde principios de siglo.
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