expresión digital

¿Qué limita la libertad de expresión digital?

FORBES- 4 de mayo de 2019

En los entornos digitales, los métodos han cambiado, aunque los objetivos siguen siendo los mismos: intimidar a periodistas, activistas y personas que critican a los gobiernos en turno.

En teoría, la libertad de prensa y de expresión deberían tener un fuerte anclaje en las redes sociales y los espacios digitales ya que la naturaleza de estas plataformas posibilita que cualquier persona exponga su punto de vista, en tiempo real y a todas aquellos que deseen conocerla.

No obstante, la realidad no es así. Las posibilidades de exponer puntos de vista y externar opiniones en la red se enfrentan varias limitaciones, que van de lo meramente tecnológico a fuertes estructuras de poder que impiden que la opinión de ciertos segmentos sea conocida.

Uno de los obstáculos fundamentales en el derecho a la libertad de expresión digital es el acceso a las TIC. Y es que, aunque pueda sonar obvio, el hecho de que ciertos segmentos de la población no tengan posibilidad de conectarse a la red ni a sus tecnologías derivadas, decanta en que una gran parte de la población, poco más del 30%, no tenga posibilidades de informarse o ser representado digitalmente. Ese porcentaje de desconectados debería, entonces, convertirse en una de las prioridades del Estado para lograr un acceso universal que redunde en mayores oportunidades de información, capacitación, representación y colaboración en este país.

Por otra parte, el uso de estrategias de coerción, acoso y espionaje por parte de algunos gobiernos es muy común dentro de las redes sociales. Durante mucho tiempo, algunos estados utilizaron estrategias intimidatorias contra los medios tradicionales, que iban desde el retiro de la propaganda, hasta las amenazas y la intimidación directa. En los entornos digitales, los métodos han cambiado, aunque los objetivos siguen siendo los mismos: intimidar a periodistas, activistas y personas en general que critican a los gobiernos en turno.

Por ejemplo, de acuerdo con los informes de transparencia de Google, desde 2009 y hasta la fecha, los diferentes gobiernos mexicanos le han solicitado al motor de búsqueda que retire 115 contenidos, siendo difamación la causa más constante y el poder ejecutivo la instancia que más lo solicita.

Por su parte, en su página sobre transparencia, Facebook retiró poco más de 23 mil contenidos a petición de autoridades mexicanas. En Twitter, se pidió el retiro de 2 contenidos, pero no se cumplió con ninguna demanda.

Si a tal situación, se agregan las recientes amenazas de muerte y doxxing contra algunos periodistas, la situación se torna aún más complicada para la libertad de expresión. Por ello, es deber del ejecutivo que la prensa y, sobre todo, aquella que es más crítica, tenga garantía para ejercer su labor de informar y formar opinión pública.