Opinión: Esconder dinero se ha
vuelto un negocio más incómodo
The wall
street journal-jueves, 7 de abril de 2016
Dos meses antes de la divulgación
de los Panama Papers, el fiscal general de Suiza, otrora uno de los países más
reservados del mundo, proclamó a los cuatro vientos que las empresas estatales
de Malasia podrían ser víctimas de una malversación de fondos del orden de los
US$4.000 millones.
Las palabras detonaron una bomba
en un escándalo de larga data en torno de un fondo de inversión del gobierno
malayo, conocido como 1MDB. También ilustraron lo mucho que ha cambiado en el
turbio mundo de las cuentas bancarias y las compañías offshore. Tal vez lo más
notable es que una declaración de esta naturaleza haya provenido del fiscal
suizo, uno de cuyos antecesores señaló que “cuesta distinguir cuál maletín
tiene dinero limpio y cuál dinero sucio”.
Aunque la información contenida
en los Panama Papers es explosiva y sacudirá el mundo, un vistazo más de cerca
sobre el cumplimiento global de las normas y el bufete de abogados detrás de
los documentos filtrados muestra lo mucho que ha cambiado en una industria
dedicada a esconder el dinero de las personas.
Los negocios de la firma panameña
de abogados cuyos documentos fueron filtrados han estado decayendo durante
décadas a medida que los reguladores globales, encabezados por Estados Unidos,
emprendieron una ofensiva contra los paraísos fiscales y el lavado de dinero.
La firma, Mossack Fonseca & Co., estableció 13.287 empresas offshore en
2005, pero apenas 4.341 en 2015, una caída de dos tercios. En los últimos tres
años, sus clientes formaron 16.323 compañías, pero desactivaron 28.777.
El bufete de abogados ha
enfatizado que no ha infringido ley alguna y que las informaciones aparecidas
en la prensa sobre sus actividades “se basan en presunciones y estereotipos”.
Los correos electrónicos y la información sobre el negocio de la firma no
pudieron ser verificados de forma independiente.
Mossack Fonseca, al igual que
muchas empresas en el mundo, tiene un rentable negocio de acciones al portador.
Es una estructura un poco arcaica en la que las acciones de una compañía
pertenecen a la persona que tenga los certificados de las acciones. Esto
permite que las empresas sigan existiendo pese a no contar con un dueño
inscrito. La firma de abogados tenía alrededor de 6.000 empresas con acciones
al portador solamente en Panamá en 2005. La cifra actual es de 170.
“La gente está saliendo de este
negocio”, afirma Bryan C. Skarlatos, un abogado tributario de Kostelanetz &
Fink LLP.
Los Panama Papers, que tienen
como punto de partida 1977, son en cierta forma un viaje al pasado del negocio
de esconder activos offshore, ya sea por motivos de privacidad, evasión de
impuestos u ocultar dineros mal habidos. Siguen habiendo numerosos lugares
donde esconder fondos, pero los métodos tradicionales y con resultados
comprobados se han vuelto más caros y riesgosos, lo que disminuye su atractivo.
La ofensiva contra los servicios
offshore comenzó en EE.UU. con el esfuerzo para eliminar el financiamiento de
actividades terroristas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. De ahí
se extendió a la evasión de impuesto luego una serie de casos que involucraron
a bancos suizos y la crisis financiera global. La mayor parte del resto del
mundo se sumó a la ofensiva, algunos países a regañadientes, en parte porque no
podían darse el lujo de quedar al margen del sistema financiero estadounidense,
pero también porque vieron una oportunidad para aumentar su recaudación
tributaria.
La Organización de para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que 96 países han acordado
intercambiar información sobre transacciones financieras y utilizan estándares
comunes. Panamá prometió ceñirse a las directrices, pero luego echó pie atrás,
lo que lo hizo acreedor de las críticas en público de la OCDE en febrero.
EE.UU. no se ha sumado al plan de
la OCDE, pero hace lo mismo bajo su propia legislación.
A pesar de la campaña global, el
sistema sigue teniendo fallas. La mayor desventaja es que los países pueden
optar por hacer la vista gorda sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras.
Pero incluso en ese caso, una vez que la información es compartida, a menudo se
filtra.
Fue lo que pasó en Malasia. Las
filtraciones de los investigadores malasios del escándalo de 1MDB indicaron que
cerca de US$1.000 millones fueron transferidos a las cuentas del primer
ministro Najib Razak y revelaron que la trayectoria de los fondos, que incluía
el paso por bancos en Suiza, Luxemburgo y otros países.
Suiza y al menos otros seis
países investigan 1MDB. Los suizos llevaban cinco meses de investigación cuando
el fiscal general de Malasia exoneró al primer ministro diciendo que el dinero
fue una donación legal de la familia real de Arabia Saudita.
La campaña interna para librar a
Najib de toda culpa no llegó muy lejos. Días después, el fiscal general suizo
dijo que quería compartir los hallazgos de sus investigadores con las autoridades
malayas y soltó la bomba: US$4.000 millones podrían haber sido desviados en
forma ilícita del fondo.
Es muy poco común que un alto
funcionario de las fuerzas de seguridad apunte el dedo contra otro gobierno,
pero el que lo haya hecho una autoridad suiza ilustra la transformación que ya
lleva varias décadas de un país que pasó de ser un colaborador a regañadientes
a un acusador. El anuncio de Suiza llevó a las autoridades de Luxemburgo y Abu
Dhabi a lanzar sus propias investigaciones sobre el caso de 1MDB.
El fiscal general malasio y 1MDB
han señalado que cooperan con los investigadores y Najib ha negado haber
cometido irregularidades o haber aceptado fondos para ganancia personal.
Las personas que siguen de cerca
el tema dicen que no cabe duda que han surgido nuevas maneras de ocultar el
dinero de las autoridades. La estrategia principal es mantener los fondos lo
más lejos posible del sistema bancario internacional. Algunos apuntan al
ascenso de monedas digitales como bitcoin, mientras que otros que el combate
contra los paraísos fiscal ha producido un auge de los bienes raíces de lujo.
“Los escondites son muy
estrechos”, dice Monica Bhatia, jefa del Secretariado del Foro Global sobre
Transparencia e Intercambio de Información para Efectos Fiscales de la OCDE.
“Los contribuyentes pueden comprar diamantes y colocarlos bajo siete llaves,
pero hay cada vez menos lugares donde esconderse”.
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