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martes, 10 de mayo de 2016

Rio de Janeiro

La paz en las favelas de Rio de Janeiro, una meta olímpica en duda



The  wall street journal -  mayo de 2016  
RIO DE JANEIRO—Hace siete años, cuando se inició un nuevo esfuerzo policial comunitario en algunos de los barrios más violentos y descuidados de esta ciudad, residentes como Denise Moraes da Silva tenían esperanzas.

Después de abordar favelas más pequeñas, cientos de policías en traje de combate y vehículos blindados ingresaron en 2012 a su vecindario, Complexo do Alemão, una de las favelas más grandes de Rio. El objetivo de la “Unidad de Pacificación de la Policía”, o UPP, era quitarles el control a las pandillas de narcotraficantes armadas y despejar el camino para que haya calles más seguras y mejores servicios públicos.

Lo que siguió fueron períodos de relativa calma salpicados por tiroteos feroces entre traficantes y la policía. Los residentes a menudo quedaban en medio del fuego cruzado. Una de las víctimas fue el hijo de 20 años de Da Silva, Caio, conductor de mototaxi. Un juzgado local falló que el policía que le disparó y lo mató, hace dos años, lo hizo de forma accidental.

“Cuando empezó la pacificación, creí que iba a ayudar. Pero desafortunadamente eso no pasó”, dice Da Silva, empleada bancaria de 51 años. “Antes de las UPP, había tráfico (de drogas), sí, pero no tiroteos a diario. Se podía caminar sin miedo”.

Incidentes como el que cobró la vida del joven Da Silva han erosionado la confianza del público en las UPP. Otros problemas también plagan la iniciativa bandera de la ciudad en seguridad pública. Aunque algunas de las favelas han registrado una mejoría en seguridad, otras han vuelto a caer en la violencia a medida que bandas delictivas se han reagrupado y los recortes de presupuesto han obligado a la policía a reducir su actividad.

El negocio de las drogas que se había detenido o que se había limitado al bajo mundo ahora florece abiertamente en muchos barrios. Tiroteos entre policías y traficantes, o entre pandillas rivales, son comunes en favelas antes calmas cerca de las playas más populares de Rio. Sólo en abril, al menos 11 personas murieron en tiroteos con la policía, muchos en áreas de las UPP, según Amnistía Internacional.

“Ya había evidencia del debilitamiento del modelo de las UPP. Lo que está pasando hoy, creo, es que la situación se ha vuelto grave”, dice Silvia Ramos, profesora especializada en seguridad pública de la Universidad Cândido Mendes, de Rio.

El deterioro de las UPP no podría producirse en un peor momento para el gobierno, que está invirtiendo fuerte en seguridad para los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia de inauguración será el 5 de agosto.

Para proteger un estimado de 500.000 turistas y deportistas, el país desplegará 85.000 agentes, más del doble de los que usó Londres en 2012. Sin embargo, no se sabe lo que sucederá después del evento. En su candidatura original para ser anfitrión, los organizadores locales prometieron una “seguridad ampliamente mejorada” en Rio como un beneficio duradero.

No obstante, las estadísticas más recientes no son alentadoras. En marzo, los robos en las calles de Rio aumentaron 29% comparado con el año previo, según el estado. En Leblon, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, narcotraficantes rivales han protagonizado batallas armadas e incluso han lanzado granadas, aterrorizando a los residentes.

En las áreas de las UPP, la cifra de muertes violentas, incluyendo muertes por la policía y homicidios, se elevó 55% interanual en el primer semestre de 2015, según los datos más recientes disponibles.

“El verdadero legado sería usar los megaeventos para trasformar la situación de seguridad de Rio”, dice Ignacio Cano, profesor de sociología de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro. “En ese aspecto, creo que el avance ha sido muy limitado”.

Pricilla Oliveira, una comandante del programa UPP, reconoce que en algunas áreas los tiroteos han aumentado, pero señala que la violencia general ha descendido desde que empezó la iniciativa, en 2008.

“Considerando la complejidad del programa y que no se han planteado otros para controlar la delincuencia en las áreas más violentas de la ciudad, considero (el desempeño de las UPP) excelente”, asevera Oliveira. “Claro, como cualquier programa de esta magnitud, necesita ser enmendado a medida que surjan dificultades con el tiempo”.

La iniciativa de las UPP fue lanzada con bombos y platillos a fines de 2008, promocionada como un nuevo modelo policial que traería paz a partes de esta extensa ciudad desde hace tiempo ignoradas. La calma en las calles, según la teoría, permitiría la prestación de mejores servicios de salud, educación y tratamiento de aguas residuales, a la vez que atraería más inversión privada y empleos.

Después de cierto éxito inicial en favelas más pequeñas, y con la ayuda de donantes privados, el programa se expandió de forma veloz. Las autoridades, sin embargo, dicen que el crecimiento fue demasiado rápido y que el gobierno municipal no pudo cumplir las promesas de mejores servicios públicos luego del ingreso de la policía.

La crisis económica de Brasil también ha perjudicado el programa. Los donantes privados desaparecieron y una brutal recesión ha reducido la financiación pública.

En marzo, José Beltrame, secretario de seguridad del estado de Rio de Janeiro y un gran proponente de las UPP, anunció US$571 millones en recortes al presupuesto de seguridad. El funcionario añadió que las nuevas inversiones en esta materia serían “prácticamente cero”.

“No estoy orgulloso de los recortes”, señaló Beltrame.

Una UPP planeada desde hace tiempo en Maré, otra de las grandes favelas de Rio, ha sido descartada, dijo Beltrame. Allí, en una tarde reciente jóvenes caminaban y paseaban en motocicletas exhibiendo ametralladoras pesadas.

Los residentes atribuyen buena parte de los problemas del programa al comportamiento hiperagresivo de los policías de las UPP.

Algunos han aparecido en videos manipulando evidencia. Los residentes dicen que algunos agentes de las UPP usan tácticas de mano dura, incluyendo el derribamiento de puertas sin orden judicial o el ingreso a fiestas sin invitación para apagar la música.

“Para ingresar al apartamento de alguien (en los barrios ricos de Rio) se necesita una orden judicial”, dice Elisabete Aparecida Dias da Silva, de 58 años, quien dirige un centro cultural y de alfabetización en Alemão. “Acá, entran sin orden. Los residentes no confían en la policía”.

Oliveira señala que la policía ha establecido una línea telefónica para que los residentes presenten sus quejas. Las promesas incumplidas de la ciudad sobre las escuelas, el agua potable y opciones de transporte público han agravado el resentimiento.


La iniciativa de las UPP “era una oportunidad para cambiar la mentalidad de toda una generación”, dice Erika Robb Larkins, profesora de estudios brasileños de la Universidad de Oklahoma, quien ha escrito un libro sobre las favelas. “Eso se desbarató bastante rápido”.

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