opinión pública digital

¿Se puede regular la opinión pública digital?

FORBES- 1 de febrero de 2018

Las redes sociales han creado un nuevo espacio entre lo público y lo privado donde crece un nuevo tipo de opinión pública ¿es posible regularla?

La opinión pública, explica Habermas en su ya clásico “Historia critica de la opinión pública”, es un ejercicio de interacción simbólica que se da en un espacio público y que permite que la población presente, opine, discuta e incluso resuelva, problemas de interés general.

Es decir, es un espacio donde los ciudadanos hablan de lo que les interesa sin que exista necesariamente un mecanismo o estructura del Estado. Es gente hablando, discutiendo, negando o afirmando lo que le interesa.

En el caso de sociedades complejas, el espacio de la opinión pública se inserta en los medios de comunicación, aunque estos tienen otros intereses, puesto que convierten a la opinión pública en mercancías y objetos de influencia política, opina Habermas. Por ello, el Estado creó leyes como un contrapeso que sirven para delimitar el espacio mediático y regular su actuación, ya que tienen el poder de convertir lo privado en público y así, poner en la agenda de las personas los temas que deseen, generando presión o aprobación para los actores políticos.

El caso de las redes sociales escapa un tanto a esta lógica, debido a que no son medios de comunicación, sino plataformas de interacción entre personas que construyen su propia agenda y que incluso, se mantiene al margen de los intereses mediáticos o estatales.

 

No obstante, tienen un poder de construcción de opinión pública muy grande. Lo interesante es que, en este momento, difícilmente un medio (en el sentido clásico de la expresión) puede existir sin que haga uso del social media, ya que las principales socializadoras de la información son estas plataformas digitales.

La opinión pública encontró en las redes sociales un espacio de crecimiento natural, que, además, se han convertido en un generador de influencia política, aunque no necesariamente de los actores tradicionales, puesto que ahora existe un componente meramente ciudadano que antes no existía.

La sociedad ha encontrado en las redes un catalizador de sus problemas e inquietudes y ha logrado llevar lo privado y local al ámbito de lo público de una manera más o menos efectiva, aunque en su ejecución se han creado fenómenos que van desde la estigmatización y banalización de las protestas (con las Ladies y Lores), hasta ardides tecnológicos para desviar o crear opinión pública donde no la hay, como en el caso de las fake news o los bots, sólo por citar un par de ejemplos.

En el contexto de las adecuaciones a la Ley del Derecho de Réplica que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabe hacerse la pregunta si la opinión pública digital podría ser regulada. Las adecuaciones que hizo la Corte van en el sentido de ofrecer espacios a quienes se sientan agravados por información falsa o incompleta y de no dejar que el medio decida si la réplica es pertinente o no.

Incluso, dentro del mismo contexto electoral, hay un vacío referente las fake news y prácticas similares en las redes sociales.

La naturaleza de la información en la red es libre, pero que así sea, no significa que pueda convertirse en un objeto con el que se pueda vulnerar a personas. No obstante, si se intentara regular la opinión en la red tendría que hacerse una clara distinción entre los diversos actores que conforman al mundo digital, porque, en efecto, ni todos son personas, ni todos son instituciones.

Es decir, primero deberíamos distinguir entre actores públicos y privados, entre quienes, por su investidura, características, actividades sean personas de interés, como funcionarios públicos, personas morales, instituciones y quienes sean ciudadanos en el ejercicio de su libertad de expresión nos guste o no. La lógica es simple: es de interés público lo que hace o dice un funcionario público, una institución, un medio o una empresa a través de sus cuentas de redes sociales.

La regulación de la opinión pública digital debería interesarnos para entender y mantener nuestro derecho a expresarnos sin ser cuestionados por ello, pero también para proteger el derecho a mantenernos informados y participar de un diálogo público sin que éste sea manipulado o tergiversado.