Las dos amenazas al asecho del Internet libre
FORBES- 13 de julio de 2018
Las enmiendas a la ley de
derechos de autor propuestas y el fin de la neutralidad en la red representan
una amenaza seria para el Internet tal y como lo conocemos.
El pasado 5 de julio Wikipedia
cerró sus páginas en protesta por las enmiendas a la Ley de Derecho de Autor
presentadas por Parlamento Europeo y que mostraban una serie de medidas muy
estrictas respecto a los contenidos que se comparten digitalmente, además de
sanciones que pondrían en peligro al propio espíritu y naturaleza de la red.
Si bien el Parlamento votó en
contra, la comisión encargada del proyecto deberá presentar una nueva versión
que será revisada y votada el próximo septiembre y donde podrían aprobarse la
normativa que podría castigar el libre flujo de información en Internet.
La controversia sobre la reforma
a las leyes sobre derechos de autor se centra sobre principalmente en las
enmiendas 74 al artículo 11 y la 77 al artículo 13 que exigen a los
administradores de páginas web que antes de publicar lo que sea, deberán contar
con los derechos de las obras o pagar por ellos a los dueños de los derechos de
copyright; además, se exige que las páginas cuenten con la tecnología y
algoritmos necesarios para detectar que los contenidos que comparten no
infrinjan la normativa de los derechos de autor.
Ello implicaría que ninguna
página que fuera alojada en Europa podría reproducir ningún texto, fotografía,
música, video o cualquier otro contenido sin tener o pagar por los derechos de
las obras.
Hasta aquí parece justo, sin
embargo, hay que imaginar y plantear todas las posibilidades. Por ejemplo, una
web que hace crítica literaria o reseñas musicales y que reproduce fragmentos
de la obra no necesariamente con un carácter educativo, podría tener problemas
con las enmiendas propuestas.
Una modificación similar en las
leyes sobre derechos de autor en España orilló a que Google Noticias dejara de
funcionar en aquel país, ya que se obligaba a los agregadores de contenidos a
pagar por distribuir las noticias de los portales.
Incluso los memes de carácter
político podrían toparse de frente con la censura, puesto que alguien podría
reclamar derechos de autor sobre las fotografías e imágenes, lo que impediría
su libre tráfico en la red.
Por otra parte, las posibilidades
de incorporar tecnologías que identifiquen contenidos que cuenten con derechos
de autor dejan fuera de la jugada a muchos portales y comunidades que no tienen
los recursos suficientes y dejaría sólo en el mapa a las grandes plataformas
como Google, Facebook o YouTube.
Las enmiendas priorizan los
beneficios económicos por encima del bien común y la participación ciudadana y
se erigen en contra de la propia naturaleza colaborativa de la red. Hay que
recordar que, en esencia, Internet nació con un espíritu de colaboración y
libre acceso a la información y construido de forma libre y gratuita por muchas
personas que han donado su trabajo y conocimiento para que la red pudiera
existir.
La última modificación a los
contenidos digitales data de 2001 y de acuerdo con el Parlamento Europeo, es
necesario actualizar la normativa para responder a las exigencias actuales, lo
cual es cierto, aunque la perspectiva para hacerlo sigue fincada en la compra –
venta de un contenido tal y como se tratara de un bien físico (un libro o un
disco, por ejemplo) y está muy lejos de las nuevas posibilidades de negocio
basadas en el tráfico y la segmentación de mercados.
Al panorama nada halagüeño que
tiene Internet en este momento, se suma el fin de la neutralidad de la red,
que, si bien aún no entra en vigor las partes más complicadas, se plantea que
lo harán durante la administración del presidente Trump.
Si se aplican las modificaciones
más controvertidas sobre la neutralidad de la red (libre tráfico, modificación
de la velocidad de navegación o bloqueo en sitios específicos) entonces
quedarían pocos sitios que ofertaran contenidos “legales” de acuerdo con las
especificaciones europeas o “transitables” de acuerdo con las leyes de
telecomunicaciones en Estados Unidos.
Teóricamente, ambas disposiciones
buscan un pago justo y equitativo para los creadores de contenidos e incentivar
la competencia de las empresas de telecomunicaciones, no obstante, al final los
únicos beneficiados serán las grandes plataformas y empresas de contenidos, ya
que los creadores y autores de contenido aún siguen sin la protección necesaria
y sin recibir una retribución justa aun y cuando distribuyen sus contenidos en
las plataformas legales.
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