“La justicia peruana margina a quien no habla castellano” www.laprimeraperu.com
Sistema judicial cuenta con traductores para burriers extranjeros, pero no para los quechuahablantes.
EL DATO
Según la Comisión Económica para América Latina, en términos de volumen en millones, el Perú es el país que más población indígena tendría, con aproximadamente 8,5 millones de personas, seguido de México (6,1 millones), Bolivia (5 millones) y Guatemala (4,6 millones).
La situación de inseguridad ciudadana y de debilitamiento de los organismos democráticos, la poca credibilidad en las autoridades y la mala imagen de los gobiernos fueron el punto de partida para que la Organización de Estados Americanos (OEA) investigue las carencias y malestares que crean un caldo de cultivo en la región, y que concluyeron en el informe “Acceso a la Justicia: Llave para la gobernabilidad democrática”. El director de proyectos del Instituto de Defensa Legal (Ideele), David Lovatón Palacios, conversó con LA PRIMERA y explicó el panorama que se vive.
-Si bien el informe abarca a toda la región, en el Perú ¿cuál es el principal problema para el acceso a la justicia que ha detectado el estudio de la OEA?
-Lo que ocurre es que somos países que hemos estructurado nuestros sistemas de justicia para una población que habla español. Es contradictorio lo que sucede porque hay traductores judiciales para los burriers que hablan inglés o francés, pero no para el que comete un delito y habla quechua. En la práctica, llaman al chofer o a alguien que hable quechua, pero no es una traducción oficial. Los sistemas de justicia marginan al que no habla castellano.
Y esto es muy grave porque según datos de la CEPAL y del PNUD el Perú es el país de mayor población indígena de América latina, tenemos más de 8 millones de habitantes indígenas.
-¿Y existen otros problemas en el camino del acceso a la justicia?
–Sí, en el país se viven otros factores de inaccesibilidad graves. Por ejemplo las grandes barreras geográficas y económicas, para un poblador de una comunidad aborigen de la selva que desee denunciar algo, la situación lo va a obligar a viajar y no dispone de los recursos para ello.
-¿Qué soluciones plantea el informe que ha elaborado para la OEA?
– Hemos visto tres puntos que se deben reforzar y trabajar para vencer las deficiencias del aparato judicial:
1.Que los estados como el Perú implementen un sistema de traductores oficiales.
2.Que quienes aspiran a jueces y fiscales en zonas donde predomina un idioma distinto al castellano, pues se considere como un puntaje extra que se sepa el idioma de la zona. Esto también se debería hacer en las instituciones del Estado, a todo nivel.
3.Además, estamos viendo la posibilidad de que haya peritos culturales, para que en el caso de los delitos que sucedan en una comunidad con tradiciones distintas o ajenas a las nuestras. Como el caso del joven que se casa con una niña de doce años. Eso para nosotros es una violación, pero para ese joven no.
Justicia y gobernabilidad
-El informe señala que los problemas de acceso a la justicia afectan y vulneran la gobernabilidad, ¿de qué manera ocurre esto?
–En los últimos veinte años se ha detectado un incremento sostenido en los presupuestos de los sistemas judiciales. En el Perú desde el 2000 a hoy casi se ha duplicado. Pero no ha habido un incremento palpable de eficacia y credibilidad, se continúa con la mala percepción del Poder Judicial.
Los sistemas judiciales se enfrentan a serios problemas de sobrecarga procesal, pues al año ingresan en promedio un millón de nuevos procesos judiciales, pero el sistema judicial peruano tiene una capacidad de solución de entre 800 mil y 900 mil, por lo que cada año se acumulan cerca de 100 mil procesos sin resolver. Este el caso que viven los presos que no reciben sentencias, por ejemplo.
El déficit de la administración de justicia hace que el ciudadano no crea en el sistema judicial, y que por consiguiente aplique la justicia con sus propias manos (linchamientos). Entonces el aumento de criminalidad y la deficiencia del aparato judicial vulneran la gobernabilidad.
-Usted elaboró el informe con los estudios de los investigadores de la OEA, pero ¿cuál es la razón de este análisis regional?
–Creo que hay una creciente preocupación de la OEA por los problemas que se producen en la gobernabilidad democrática de los países. Ahora hay problemas que tienen que ver con el incremento de la criminalidad. Que afecta directamente a la democracia y a la gobernabilidad.
-¿Vulnera la criminalidad a la democracia?
– Claro, están ligadas, aunque quizá no lo parezca. Porque lo que hace es incrementar la creciente demanda ciudadana por más seguridad y eso supone fortalecer discursos “de mano dura” y eso socava el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Estas políticas jamás han funcionado, pero son ‘caballo de batalla’ de muchos políticos, porque son demagógicas y muy rentables electoralmente.
Pobreza dificulta el acceso a la justicia
Las estadísticas muestran que alrededor del 50% de la población del continente es pobre o muy pobre, que muchos padecen de exclusión social y económica, y que la desigualdad social es bastante marcada. Esta situación afecta seriamente no sólo derechos económicos y sociales básicos como la salud, educación o empleo, sino también al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, al afectar el ejercicio de la ciudadanía en general, como es el caso, precisamente, del derecho al acceso a la justicia.
El fuerte vínculo entre la pobreza y la imposibilidad de ejercer los derechos y vulnerabilidad de ciertos sectores se vio en el Informe de la CVR, pues se constató que los que padecieron más violencia y violaciones a sus derechos fueron los más pobres del país, la población campesina del Perú, imposibilitada del sistema judicial por cuestiones lingüísticas.
Sin identidad
En el Perú más de un millón y medio de personas no cuentan con documento de identidad. Esto es el 5.5% de la población total peruana que no existe legalmente para las autoridades. Las causas de la situación de los indocumentados son: altos costos para acceder al documento de identidad, trámites burocráticos, desconocimiento de la importancia del documento, barreras geográficas y lingüísticas, destrucción de registros civiles por desastres naturales o conflictos armados internos y falta de coordinación entre entidades estatales involucradas.
Sistema judicial cuenta con traductores para burriers extranjeros, pero no para los quechuahablantes.
EL DATO
Según la Comisión Económica para América Latina, en términos de volumen en millones, el Perú es el país que más población indígena tendría, con aproximadamente 8,5 millones de personas, seguido de México (6,1 millones), Bolivia (5 millones) y Guatemala (4,6 millones).
La situación de inseguridad ciudadana y de debilitamiento de los organismos democráticos, la poca credibilidad en las autoridades y la mala imagen de los gobiernos fueron el punto de partida para que la Organización de Estados Americanos (OEA) investigue las carencias y malestares que crean un caldo de cultivo en la región, y que concluyeron en el informe “Acceso a la Justicia: Llave para la gobernabilidad democrática”. El director de proyectos del Instituto de Defensa Legal (Ideele), David Lovatón Palacios, conversó con LA PRIMERA y explicó el panorama que se vive.
-Si bien el informe abarca a toda la región, en el Perú ¿cuál es el principal problema para el acceso a la justicia que ha detectado el estudio de la OEA?
-Lo que ocurre es que somos países que hemos estructurado nuestros sistemas de justicia para una población que habla español. Es contradictorio lo que sucede porque hay traductores judiciales para los burriers que hablan inglés o francés, pero no para el que comete un delito y habla quechua. En la práctica, llaman al chofer o a alguien que hable quechua, pero no es una traducción oficial. Los sistemas de justicia marginan al que no habla castellano.
Y esto es muy grave porque según datos de la CEPAL y del PNUD el Perú es el país de mayor población indígena de América latina, tenemos más de 8 millones de habitantes indígenas.
-¿Y existen otros problemas en el camino del acceso a la justicia?
–Sí, en el país se viven otros factores de inaccesibilidad graves. Por ejemplo las grandes barreras geográficas y económicas, para un poblador de una comunidad aborigen de la selva que desee denunciar algo, la situación lo va a obligar a viajar y no dispone de los recursos para ello.
-¿Qué soluciones plantea el informe que ha elaborado para la OEA?
– Hemos visto tres puntos que se deben reforzar y trabajar para vencer las deficiencias del aparato judicial:
1.Que los estados como el Perú implementen un sistema de traductores oficiales.
2.Que quienes aspiran a jueces y fiscales en zonas donde predomina un idioma distinto al castellano, pues se considere como un puntaje extra que se sepa el idioma de la zona. Esto también se debería hacer en las instituciones del Estado, a todo nivel.
3.Además, estamos viendo la posibilidad de que haya peritos culturales, para que en el caso de los delitos que sucedan en una comunidad con tradiciones distintas o ajenas a las nuestras. Como el caso del joven que se casa con una niña de doce años. Eso para nosotros es una violación, pero para ese joven no.
Justicia y gobernabilidad
-El informe señala que los problemas de acceso a la justicia afectan y vulneran la gobernabilidad, ¿de qué manera ocurre esto?
–En los últimos veinte años se ha detectado un incremento sostenido en los presupuestos de los sistemas judiciales. En el Perú desde el 2000 a hoy casi se ha duplicado. Pero no ha habido un incremento palpable de eficacia y credibilidad, se continúa con la mala percepción del Poder Judicial.
Los sistemas judiciales se enfrentan a serios problemas de sobrecarga procesal, pues al año ingresan en promedio un millón de nuevos procesos judiciales, pero el sistema judicial peruano tiene una capacidad de solución de entre 800 mil y 900 mil, por lo que cada año se acumulan cerca de 100 mil procesos sin resolver. Este el caso que viven los presos que no reciben sentencias, por ejemplo.
El déficit de la administración de justicia hace que el ciudadano no crea en el sistema judicial, y que por consiguiente aplique la justicia con sus propias manos (linchamientos). Entonces el aumento de criminalidad y la deficiencia del aparato judicial vulneran la gobernabilidad.
-Usted elaboró el informe con los estudios de los investigadores de la OEA, pero ¿cuál es la razón de este análisis regional?
–Creo que hay una creciente preocupación de la OEA por los problemas que se producen en la gobernabilidad democrática de los países. Ahora hay problemas que tienen que ver con el incremento de la criminalidad. Que afecta directamente a la democracia y a la gobernabilidad.
-¿Vulnera la criminalidad a la democracia?
– Claro, están ligadas, aunque quizá no lo parezca. Porque lo que hace es incrementar la creciente demanda ciudadana por más seguridad y eso supone fortalecer discursos “de mano dura” y eso socava el Estado de Derecho y la gobernabilidad. Estas políticas jamás han funcionado, pero son ‘caballo de batalla’ de muchos políticos, porque son demagógicas y muy rentables electoralmente.
Pobreza dificulta el acceso a la justicia
Las estadísticas muestran que alrededor del 50% de la población del continente es pobre o muy pobre, que muchos padecen de exclusión social y económica, y que la desigualdad social es bastante marcada. Esta situación afecta seriamente no sólo derechos económicos y sociales básicos como la salud, educación o empleo, sino también al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos, al afectar el ejercicio de la ciudadanía en general, como es el caso, precisamente, del derecho al acceso a la justicia.
El fuerte vínculo entre la pobreza y la imposibilidad de ejercer los derechos y vulnerabilidad de ciertos sectores se vio en el Informe de la CVR, pues se constató que los que padecieron más violencia y violaciones a sus derechos fueron los más pobres del país, la población campesina del Perú, imposibilitada del sistema judicial por cuestiones lingüísticas.
Sin identidad
En el Perú más de un millón y medio de personas no cuentan con documento de identidad. Esto es el 5.5% de la población total peruana que no existe legalmente para las autoridades. Las causas de la situación de los indocumentados son: altos costos para acceder al documento de identidad, trámites burocráticos, desconocimiento de la importancia del documento, barreras geográficas y lingüísticas, destrucción de registros civiles por desastres naturales o conflictos armados internos y falta de coordinación entre entidades estatales involucradas.
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