Brasil, la tierra prometida para los
fabricantes de pesticidas prohibidos
América Economía - abril de 2025
Los agricultores brasileños se han convertido
en los principales exportadores mundiales de azúcar, jugo de naranja, café,
carne, aves de corral y soja, pero también han conseguido una distinción más
dudosa: Brasil desplazó en 2012 a Estados Unidos como el mayor comprador
mundial de pesticidas.
Este rápido crecimiento ha hecho de Brasil un
mercado atractivo para pesticidas prohibidos o descontinuados en países más
ricos por los riesgos a la salud y el ambiente.
Al menos cuatro de los grandes fabricantes de
pesticidas, FMC Corp de Estados Unidos, la danesa Cheminova A/S, la alemana
Helm AG y la gigante suiza Syngenta AG, venden en Brasil productos que ya no
están permitidos en sus mercados domésticos, según una revisión de Reuters a
los pesticidas registrados.
Entre estos está el paraquat, considerado
"extremadamente venenoso" por los reguladores de Estados Unidos.
Syngenta y Helm tienen licencia para venderlo en Brasil.
Los propios reguladores brasileños advierten
que el gobierno no tiene la capacidad para garantizar el uso seguro de
agrotóxicos, como son conocidos los herbicidas, insecticidas y fungicidas. En
el 2013, un avión roció con insecticida una escuela en el centro de Brasil.
El incidente, que envió al hospital a más de 30
escolares y profesores, aún está bajo investigación.
"No podemos mantenernos al día", dijo
Ana María Vekic, jefa de toxicología de la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (Anvisa), a cargo de evaluar los riesgos de los pesticidas a la
salud.
FMC, Cheminova y Syngenta dijeron que los
productos que venden son seguros si se usan adecuadamente.
Las firmas argumentan que una prohibición en un
país no necesariamente significa que un pesticida tenga que estar prohibido en
todos lados porque cada mercado tiene diferentes necesidades para sus cultivos,
pestes, enfermedades y climas. Helm, con sede en Hamburgo, no respondió a los
pedidos de comentarios.
"Uno no puede comparar a Brasil con un
clima templado", sostuvo Eduardo Daher, director ejecutivo de Andef, una
asociación comercial de pesticidas brasileña. "Tenemos más plagas, más
insectos, más cosechas".
Especialistas en salud pública de Brasil
rechazan ese argumento.
"¿Y qué si las necesidades de los cultivos
o suelos en Brasil son diferentes?", dijo Víctor Pelaez, ingeniero en
alimentos y economista de la Universidad Federal de Paraná, en el sur del país.
"Lo que es tóxico en un lugar es tóxico en
todas partes, incluido Brasil".
Extendidas violaciones. Los controles de
reguladores federales muestran que gran parte de los alimentos cultivados y
vendidos en Brasil violan las normas nacionales.
El año pasado, Anvisa completó su análisis más
reciente sobre residuos de pesticidas en alimentos en todo el país. De las
1.665 muestras tomadas, desde arroz y zanahorias a manzanas y pimientos, un 29
por ciento mostró residuos que superaban los niveles permitidos o contenían
pesticidas no aprobados.
Desde 2007, cuando el Ministerio de Salud de
Brasil comenzó a mantener registros, el número de casos reportados de
intoxicación de personas por pesticidas más que se duplicó, de 2.178 ese año a
4.537 en 2013.
El número anual de muertes relacionadas con
envenenamiento por pesticidas trepó a 206 desde 132. Especialistas en salud
pública dicen que las cifras actuales son mayores pero que el proceso de
seguimiento es incompleto.
Las presiones son claras en Limoeiro do Norte,
un pueblo en el estado de Ceará, en el árido noreste del país. Desde la década
de 1990 Brasil construyó un sistema de canales de riego en el área y la
agricultura floreció. Por ende, también el uso de pesticidas.
En noviembre, una corte federal confirmó una
sentencia que obliga a Fresh Del Monte Produce Inc., el gigante global de
fruta, a indemnizar a la viuda de un trabajador que sufrió insuficiencia
hepática tras manipular pesticidas durante tres años.
En Limoeiro do Norte, una corte estatal está
revisando cargos contra un hacendado acusado por la policía de ordenar la
muerte de un activista en contra de los pesticidas.
"Este es un laboratorio gigante para lo
peor de la agricultura a escala industrial", dijo Raquel Rigotto, médica y
socióloga de la Universidad Federal de Ceará en Fortaleza, la capital estatal.
Rigotto dice que su equipo de investigadores
halló rastros de muchos pesticidas en grifos de agua en el área y una tasa
mayor de muertes por cáncer en el lugar que en otras localidades cercanas con
poca agricultura.
Hay un gran interés mundial en el auge de
alimentos de Brasil. Se proyecta un incremento de casi un 30 por ciento de la
población del planeta en las próximas tres décadas: otros 2.000 millones de
bocas para alimentar.
El creciente sector agricultor brasileño será
una fuente clave para la alimentación. Pero con su sol ecuatorial, sus
temperaturas estables y cosechas durante todo el año, el gigante sudamericano
es también un lugar fértil para insectos, hongos y hierbas. Para mantenerlos
bajo control, los agricultores están aplicando más y más pesticidas.
Una influencia poderosa. En el 2013, el último
año para el que hay cifras disponibles, los compradores brasileños adquirieron
pesticidas por un valor de US$10.000 millones, o 20% del mercado global. Desde
el 2008, la demanda brasileña aumentó un 11 por ciento por año, más del doble
que el ritmo global.
Un factor que obstaculiza la implementación más
enérgica de garantías contra los pesticidas en Brasil es un "lobby"
agrícola que es cada vez más poderoso.
En los comicios presidenciales del año pasado,
las donaciones que entregaron las empresas agrícolas para la campaña de
reelección de Dilma Rousseff fueron superadas sólo por los aportes de la industria
de la construcción.
Las compañías agrícolas y de alimentos de
Brasil representaron aproximadamente un cuarto del dinero que la presidenta
recibió de grandes donantes u 89,5 millones de reales, según documentos
electorales.
La cifra se apoya en un análisis de las 118
donaciones más grandes a la campaña de Rousseff, de un millón de reales
(US$300.000) o más.
En el Congreso, casi la mitad de los 594
legisladores se identifica con la "bancada rural", un grupo de
parlamentarios que ha flexibilizado leyes que prohibían cultivos genéticamente
modificados, así como normas sobre tala de árboles en la Amazonía y otras
tierras boscosas.
Los congresistas propusieron además leyes para
agilizar el proceso de aprobación de normas sobre pesticidas bajo una sola agencia,
en reemplazo de las regulaciones actuales que involucran a Anvisa y a los
ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.
La oficina de prensa de Rousseff declinó hacer
comentarios y remitió las consultas al Ministerio de Agricultura.
Décio Coutinho, un alto funcionario del
Ministerio, dijo en un correo electrónico que el uso de pesticidas sigue
"leyes rigurosas" en Brasil y que es supervisado por técnicos,
científicos y funcionarios públicos que "tienen el respeto y la confianza
total de la comunidad científica local e internacional y de los consumidores
brasileños".
La relación entre los negocios agrícolas y el
Gobierno, incluyendo los aportes a campañas, es "ética y
transparente", dijo. No hay nada inapropiado sobre la opinión del sector
en el Congreso, añadió, argumentando que la representación "es definida
por el voto libre y soberano del electorado".
La influencia de la industria y los reducidos
presupuestos para los reguladores limitan la capacidad de Brasil de hacer
cumplir las leyes sobre pesticidas.
"Los agricultores lo aman".
Consideremos el tiempo que le lleva a Anvisa evaluar un pesticida que un
fabricante propone vender en Brasil. Por ley, tiene que analizar el nuevo
químico en no más de 120 días.
Pero la agencia puede demorarse años. Con un
equipo de menos de 50 científicos, comparado con los cientos de entidades
similares en Estados Unidos o Europa, actualmente tiene una lista de espera
para la revisión de más de 1.000 químicos.
Y también puede tomar años retirar químicos
peligrosos del mercado.Un esfuerzo por reevaluar 14 pesticidas polémicos usados
en Brasil, la mayoría prohibidos en otros países, entró ahora en su séptimo
año, retrasado por querellas de fabricantes y por la oposición de muchos
legisladores.
"Si no es una querella judicial, es una
audiencia en el Congreso", se quejó Vekic, la jefa de toxicología de
Anvisa.
Hasta ahora, la revisión ha logrado la
prohibición de apenas cuatro pesticidas.
En diciembre, Anvisa anunció que prohibirá el
metil paratión, un insecticida vedado en Estados Unidos y Europa. Pero la
agencia aún no ha dicho cuándo o cómo lo hará.
Como resultado, Cheminova, la compañía danesa
que lo vende, "no ha cambiado sus planes respecto al negocio con este
producto", dijo Lars-Erik Pedersen, portavoz de la firma. Añadió que la
demanda es actualmente alta debido al gorgojo que ataca al algodón. "Los
agricultores lo aman".
Según agricultores y compañías de pesticidas,
el retraso de Anvisa obliga a continuar usando químicos antiguos, potencialmente
más dañinos, porque productos más eficientes y seguros aún esperan por la
aprobación.
"Tenemos productos nuevos, pero hay una
demora en llevarlos al mercado", dijo Antonio Zem, presidente de la unidad
para América Latina de FMC, el fabricante estadounidense del insecticida
Furadan.
El producto se fabrica a base de carbofurano,
un compuesto del que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, tras
una revisión que comenzó en el 2006, "concluyó que los riesgos
alimenticios, laborales y ecológicos son inaceptables para todos los
usos".
FMC dice que ha intentado limitar las ventas
del potente químico a grandes haciendas y a sectores, como el de la caña de
azúcar, en los que pueden usarse máquinas para su aplicación.
La muerte de un campesino. Furadan es sólo uno
de los muchos pesticidas usados en las granjas a lo largo de Chapada do Apodi,
una fértil meseta en el este de Ceará.
En esa región, gracias a los 40 kilómetros de
canales que fluyen con agua bombeada del cercano río Jaguaribe, trabajan más de
4.500 personas en 324 propiedades.
Las granjas han llevado empleo y algo de
prosperidad a una región antes desamparada.
Antes, el pueblo de Limoeiro do Norte era
conocido como "la tierra de las bicicletas" porque los residentes no
podían comprarse autos, pero hoy la zona bulle con el pesado paso de camionetas
pick up y vehículos utilitarios deportivos.
Pero escasamente pequeñas otras obras de
infraestructura pública han seguido a los canales. Como resultado, muchos de
los residentes obtienen su agua de los mismos canales a cielo abierto que
riegan las tierras.
Los problemas en la meseta surgieron ya en
2008. Trabajadores agrícolas y vecinos de las haciendas empezaron a quejarse
ante autoridades de iglesias y organizaciones laborales locales de que sufrían
sarpullidos tras ducharse y que sus animales se estaban enfermando.
En julio de ese año, Vanderlei Matos da Silva,
de 31 años y empleado de Fresh Del Monte, se quejó de dolores de cabeza,
fiebre, hinchazón estomacal y ojos amarillos. Había trabajado durante los tres
años anteriores en un depósito de pesticidas de la empresa en su plantación de
piñas en la meseta.
Entre sus labores, según documentos y
testimonios de otros trabajadores presentados ante un tribunal laboral federal,
Silva debía mezclar químicos y preparar dispensadores portátiles para las
personas que los rociaban.
El trabajador también limpiaba el almacén y
muchas veces guardaba los químicos que no se habían usado en contenedores
abiertos, según testimonio de sus compañeros.
Los vapores le provocaban mareos a él y a sus
colegas.
"El polvo de los agrotóxicos se quedaba en
el aire", relató José Anaildo Silva da Costa, otro de los trabajadores.
Otro empleado, Francisco Ricardo Nobre,
testificó que los encargados de la plantación ordenaban a los trabajadores que
ocultaran determinados pesticidas cuando se enteraban de una próxima
inspección.
Fresh Del Monte, que tiene su sede en Coral
Gables, Florida, no quiso hacer comentarios.
Una receta para paraquat. Según el testimonio
los trabajadores, uno de los pesticidas era paraquat, un herbicida que se usó
durante décadas pero que ahora está prohibido en la Unión Europea y restringido
para la mayoría de los usos en Estados Unidos.
En Brasil, Syngenta, Helm y otras tres empresas
tienen licencia para venderlo.
El paraquat es "extremadamente
venenoso", según los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su sigla original en inglés), que
sostienen que entre otras enfermedades, el paraquat provoca insuficiencia renal,
cardiaca y hepática.
Una parte del paraquat que se vendió a la
operación de Fresh Del Monte mientras Silva trabajó ahí provino de Syngenta,
según un recibo de 2007 por 25.840 reales (8.160 dólares). Reuters revisó una
factura que obtuvieron los fiscales. Syngenta no quiso hacer comentarios.
Para agosto de 2008, Silva ya no podía
trabajar. En octubre fue ingresado en un centro de salud en Limoeiro y llevado
tres semanas después a un hospital en Fortaleza.
Silva murió un mes después, dejando a un hijo
de un año y a su esposa, quien comenzó un litigio de años para que Fresh del
Monte la compensara por daños y pagos de salarios atrasados.
La causa oficial de la muerte del trabajador se
registró como falla hepática y hemorragia digestiva.
En la corte, los abogados de Fresh del Monte
dijeron que a Silva se le había diagnosticado una forma viral de hepatitis que
no estaba vinculada con su empleo, pero el juez rechazó el argumento de la
empresa.
Cerca de esa zona, José María Filho, un pequeño
productor en la meseta, había empezado a quejarse ante las autoridades locales
por la irritación cutánea y las enfermedades de sus animales.
Filho acusó a los grandes propietarios de abuso
de pesticidas, en particular por las fumigaciones aéreas que rociaron químicos
sobre los canales y otras áreas adyacentes a las tierras de cultivo.
"Te estás metiendo con peces gordos".
"El hablaba demasiado", recuerda Luiz Girão, ganadero local y ex
congresista, con influencia entre los agricultores de la zona.
Filho consiguió que científicos dirigidos por
Rigotto analizaran el agua de la meseta. Un estudio que realizaron a fines de
2008 investigó muestras tomadas en 25 puntos a lo largo de los canales y en los
grifos de agua de los hogares.
El estudio buscaba la presencia de 22
pesticidas distintos. En cada muestra, los investigadores encontraron residuos
de al menos tres de los compuestos y de hasta 12 compuestos.
Los agricultores de la zona le restaron
importancia al estudio y dijeron que la investigación no determinaba la
concentración específica de cada químico en el agua, por lo que no probaba nada
sobre la toxicidad.
Durante 2009, Filho siguió haciendo denuncias.
Se presentó en concejos municipales en Limoeiro y, pese a la oposición de los
grandes propietarios, para noviembre había convencido a suficientes miembros de
los concejos para aprobar una prohibición contra la fumigación aérea.
"Estaban furiosos", recuerda
Reginaldo Araújo, maestro local y activista por los derechos laborales de la
zona.
Pero algunos agricultores siguieron con las
fumigaciones.
A comienzos de 2010, Filho empezó a tomar
fotografías y videos de un avión fumigador que despegaba desde un aeródromo
local. Le dijo a la gente en Limoeiro que estaba juntando evidencia sobre
violaciones a la restricción contra los pesticidas. Y también empezó a recibir
amenazas.
Según una investigación policial detallada en
una denuncia que Reuters revisó, una persona no identificada llamó a Filho y le
dijo que lo estaban siguiendo.
La persona le dijo a Filho que lo seguían
cuando viajaba por las carreteras locales en moto, a menudo con su hijo
pequeño.
"Eres un cobarde porque nunca viajas
solo", le dijo.
En el aeródromo, según una denuncia policial
que presentó Filho, un guardia de seguridad le había advertido: "Te estás
metiendo con peces gordos. Es peligroso".
Acribillado. El 21 de abril, mientras iba en
moto por las plantaciones bananeras, a Filho le dispararon 25 veces con una
pistola calibre 40. Su cuerpo quedó en el camino.
Un mes después, el concejo revocó la
prohibición de uso de fumigadores aéreos.
Tras una investigación de dos años, la policía
acusó a João Teixeira, un propietario local, agricultor y empresario que
coordinaba la aplicación de fumigadores aéreos en la meseta, de ordenar el
asesinato.
Los registros balísticos y de celulares revisados
por la policía los llevó a relacionar las llamadas telefónicas entre el capataz
de Teixeira y otras dos personas de la localidad y un pistolero, que
posteriormente murió en una balacera.
Teixeira, el capataz y los otros dos individuos
de la localidad fueron acusados por la muerte de Filho.
En una conversación telefónica de Reuters con
Teixeira, éste dijo: "No tuvimos nada que ver con el asunto". Pero no
quiso hablar más sobre el tema.
Un juez en Limoeiro está previsto que en los
próximos meses decida si el caso irá a juicio.
En tanto, dos cortes fallaron a favor de
Gerlene Santos, la viuda de Silva, el trabajador de Fresh Del Monte. En 2013,
un tribunal en Limoeiro ordenó a la compañía pagar unos 350.000 reales, unos
US$110.000, por daños. Una corte superior confirmó la sentencia.
En la meseta, las tensiones continúan.
Una plantación local que exporta bananas a
Europa, Tropical Nordeste SA, recientemente ganó un premio a la excelencia de
una asociación de compradores extranjeros.
En octubre, un trabajador publicó fotografías
en Facebook de un tanque perdiendo pesticida en un depósito.
Diego Oliveira da Silva, "químico" de
25 años, como se llama a los trabajadores que rocían pesticidas en el área,
dijo en una entrevista que los capataces en la hacienda también le dijeron a él
y a sus colegas que agotaran todo el Furadan, el químico de FMC, en los días
previos a una inspección.
Otros dos trabajadores, que hablaron bajo
condición de anonimato, hicieron la misma afirmación.
Da Silva fue despedido por subir las
fotografías.
Hugo Carrillo, gerente de la plantación, dijo
que la filtración del tanque era un problema temporal causado por un grifo roto
y que fue arreglado el mismo día.
Sobre las acusaciones de que encubrió el uso de
pesticidas peligrosos, Carrillo dijo: "¿Por qué escondería el Furadan? Si
el Furadan no está prohibido en Brasil".
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