Separatismo y políticas de clase en América latinaJames Petras,Traducido para rebelión por Andrés Prado
Introducción
En todo el mundo hay un aumento de movimientos regionales, “subnacionales”, cuyas exigencias van desde una mayor “autonomía” a la completa independencia. Muchos analistas han debatido sobre la aparente paradoja que hay entre la creciente integración global de las economías y la creciente fragmentación de las naciones-estados. Una mirada más atenta a las dinámicas internas de los conflictos regionales y a las estrategias externas imperiales desenreda la “paradoja” al revelar la interrelación entre estrategias competitivas de construcción imperial y fragmentación nacional y conflictos regionales.
Varios puntos de referencia iluminan la velada dinámica de las políticas regionales y globales.
Algunas regiones dentro de estados-nación existentes se “integran” más en “mercados globales”, especialmente en viejos y nuevos centros imperiales, de lo que lo hacen en su propia tierra, marginalizando así regiones domésticas mientras sirven de cinturones de transmisión para la transferencia de recursos, beneficios e ingresos a los “socios” imperiales.
Regiones que sirven como puertos imperiales inducen una conciencia “globalista” entre sus mandatarios (basada en su preferencia imperial) y provocan “separatismo” entre sus regiones explotadas y marginales.
Regiones económicamente avanzadas sujetas a un gobierno nacional dominado por economías menos avanzadas exigen frecuentemente más autonomía, incluyendo la de retener mayor porcentaje de los ingresos por impuestos, así como el derecho a establecer sus propias políticas de comercio exterior y conexiones con el mercado mundial independientemente de cómo esta mayor “apertura” al mercado mundial afecte a las empresas menos competitivas del resto del país.
Regiones y líderes políticos y empresariales que se asocian con centros imperiales y promueven el “libre comercio” reciven apoyo político y económico de instituciones financieras imperiales, lo que profundiza en la “desconexión” con la economía doméstica y hace crecer las desigualdades regionales y de clase.
Aparece el “desarrollo desigual” como un “asunto regional” aunque en esencia es una cuestión étnica y de clase basada en la división entre, por un lado, las grandes élites internacionales comerciales, fabricantes, tecnológicas y financieras y, por el otro, los campesinos, granjeros, fabricantes, artesanos y trabajadores encerrados en el mercado local.
En el grado en que las políticas giren en torno a divisiones político-económicas, las exigencias políticas de autonomía, independencia y autodeterminación se convierten en asuntos centrales del conflicto. El criterio de política imperial que durante mucho tiempo viene sirviendo para evaluar la legitimidad política de estas exigencias gira en torno al carácter de clase y conexiones externas de los regímenes y movimientos en cuestión.
Con una consistencia apabullante, los países imperiales secundan exigencias de “autonomía” e independencia efectuadas por las clases dominantes conectadas a los mercados globales y que apoyan las políticas imperiales- incluso la implantación de bases militares. En contraste, y confrontados por ellos, se oponen consistentemente a movimientos regionales apoyados por las clases populares y contrarios a la penetración imperial.
Contrastando con el criterio imperial, los “progresistas” convencionales afirman que la “autodeterminación” es un derecho universal independientemente del carácter de clase, las conexiones con intereses imperiales y las consecuencias para otros principios fundamentales. De ahí el reciente espectáculo de los progresistas occidentales apoyando el bombardeo de la OTAN y las invasiones de Yugoslavia en defensa del movimiento separatista kosovar de extrema derecha.
Para considerar la legitimidad de la “autodeterminación” debemos hacernos primero uns serie de preguntas. Por ejemplo: ¿cuáles son las clases líderes que constituyen ese “auto”? ¿Por qué políticas e intereses, aparte separación, abogan y cómo afectan estas posiciones a la masa de la población? De la misma forma el término “determinación” requiere un análisis de las fuerzas políticas “internas y externas” que promueven la separación. Abundan los ejemplos, históricos y contemporáneos, de movimientos separatistas financiados por Occidente, incluida la financiación occidental e israelí de separatistas kurdos y árabes en Irán.
Tiene primordial importancia la pregunta de separatismo para qué. En años recientes, en el periodo post-soviético, en toda la Europa báltica y del Este y los estados de los balcanes, las élites proclamaban su “independencia” del comunismo mientras sometían sus países a las bases militares de la OTAN, vendían en su totalidad empresas estratégicas del sector público al capital imperial, se endeudaban enormemente con bancos occidentales y se sometían a los dictados del FMI.
En otras palabras: ¿hasta qué grado son la autodeterminación y las exigencias de “independencia” un pretexto para cambiar un jefe externo opresivo por otro amo? Claramente los asuntos relativos a la soberanía popular, la propiedad de los recursos nacionales y naturales, exclusión territorial de las bases militares imperiales... forman ideas esenciales que constituyen cualquier definición de autodeterminación. Dicho de otra manera: la “autodeterminación” como demanda legítima existe en una matriz junto a otras preocupaciones básicas de la mayoría de la población.
Procedimiento y método
Antes de discutir acerca de los movimientos separatistas en Latinoamérica, resumiremos brevemente el resultado en los antiguos países comunistas en la Europa del Este para arrojar luz sobre los costes de los movimientos separatistas liderados por la derecha.
Procederemos entonces a definir la preparación para diferentes contextos y casos de “separatismo regional” en tres países latinoamericanos: Bolivia,Venezuela y Ecuador. Examinaremos las políticas, la base clasista y los apoyos externos de los separatistas regionales.
Un examen sumarial de las consecuencias de la separación, basado en las recientes experiencias en los países excomunistas de Europa del Este y los estados bálticos, revela una pérdida mayor de soberanía económica que la que existía antes de la separación, un grado equivalente de subordinación a los poderes imperiales hegemónicos, como evidencia la pertenencia a alianzas militares, el establecimiento de bases militares y la asistencia ultramar para las conquistas imperiales. Además, los regímenes ahora “independientes” están sujetos a un grado de endeudamiento financiero sin precedentes y a una pérdida del control sobre su sistema bancario. Finalmente, mientras el capital imperial extranjero ha invadido y capturado las alturas que comandan el sistema económico, las regiones han experimentado una masiva “fuga de cerebros”, una pérdida sin precedentes de trabajadores cualificados y profesionales en favor de Occidente, pagados y subsidiados por los contribuyentes locales.
Cuando el régimen soviético mantenía el control militar en estas regiones a través de líderes cliente del Partido Comunista local, ello no impedía que el total conjunto de empresas, instituciones económicas y culturales, estuvieran bajo el control y fueran propiedad nacional. Hoy, la totalidad de la esfera cultural- incluyendo pases de películas, programación de televisión, periódicos, revistas, etc...- es propiedad del capital imperial occidental y está saturada con sus bienes de consumo culturales y prejuicios políticos. Las consecuencias sociales del separatismo son desfavorables también para el discurso separatista: las desigualdades en los ingresos, la propiedad y el poder económico han crecido geométricamente. El desempleo ha crecido desde el triple (en la República checa) hasta diez veces (en Letonia, Estonia y Lituania). El pillaje a gran escala y durante largo tiempo de los recursos públicos- en la forma de transferencias de lucrativas empresas públicas a la oligarquía privada y a las corporaciones multinacionales extranjeras- excede al de cualquier conquistador anterior. Mientras que antes de la separación los regímenes experimentaron una ralentización y una tendencia al estancamiento, nunca experimentaron un crecimiento negativo con doble dígito como ocurrió tanto en el periodo justo después del cambio de jefes hegemónicos (”independencia”) como durante la presente crisis en la última parte de esta década.
Lo que estas experiencias empíricas y observables sugieren es que la separación puede tener un resultado socio económico altamente costoso sin los beneficios políticos de la “independencia”. Parece que el separatismo de régimen que tiene lugar en países de desarrollo tardío, liderado por élites pro occidentales contra regímenes colectivistas burocráticos (“socialistas”), puede llevar a formaciones sociales históricamente regresivas, sujetas a condiciones desestabilizantes causadas por su creciente exposición a la volatilidad del mercado mundial.
Políticas regionales y desarrollo desigual
Las desigualdades en la riqueza, ingresos y poder entre regiones se ven reforzadas por las desigualdades dentro de las regiones, debido a las conexiones existentes entre las clases dominantes tanto en la forma de entidades geográficas como en la de los “maletines diversificados” que caracterizan a las “clases dominantes”. Terratenientes de regiones “pobres” invierten en bancos en las regiones ricas así como fabricantes de las últimas, invierten en propiedades en regiones menos desarrolladas, de agricultura menor.
El desarrollo desigual no es simplemente un producto de las “fuerzas del mercado” o incluso de los “recursos disponibles” sino que, en gran medida, es resultado de políticas estatales que subsidian y financian a las élites dominantes en una región dedicada a la banca, comercio y procesamiento mientras recaudan impuestos y extraen recursos a bajo coste en otra, concentrando así la riqueza y ejecutando una clase de mecanismo colonial interno para la acumulación de capital. Los mecanismos y sistemas de transferencia interna de riqueza defienden y perpetúan las diferencias de casta, raza, clase y etnia pre existentes- creando las bases políticas para conflictos regionales enraizados en la politización de las diferencias y desigualdades sociales.
Politización de las diferencias etnoreligiosas
Donde los movimientos basados en la clase social han sido severamente reprimidos o donde se han autodestruido mediante guerras recíprocas o donde sus líderes han sido reconducidos, el descontento popular se ha canalizado a través de movimientos etnoreligiosos (MER). En muchos casos los MER son promovidos por las clases gobernantes en las regiones dominantes para marginalizar movimientos de clase seculares. Sin embargo, en algunos casos a lo largo del tiempo, los MER toman una posición política de resistencia a imposiciones extra regionales como resultado de la presión desde abajo.
Aun así, en experiencias en numerosos países, la politización de las diferencias etnoreligiosas es una táctica usada por una variedad de élites para dividir y debilitar organizaciones populares mayoritarias que se componen de diversos grupos. Dos prácticas igualmente detestables desafían a los movimientos populares de liberación. Por un lado las élites nacionales e internacionales, en nombre de la “unidad” o “integración” nacional (o más tarde a las órdenes de la “globalización”), oprimen y explotan poblaciones etnoreligiosas regionalmente asentadas. Por otro lado, potentados locales, jerarcas tribales y religiosos y/o profesores y abogados de clase media-baja, provincialmente movibles, abogan por un “poder regional” y una “autonomía” para mantener el control sobre la población local.
En nombre de la diversidad etnoreligiosa, las élites religiosas se oponen frecuentemente a la separación iglesia-estado y a una educación pública científica. Debería estar totalmente claro que “diversidad” no significa “igualdad” tal y como hemos presenciado en tantos casos de líderes reaccionarios de orígen “nativo”, “femenino” y “minoritario” que simplemente sirven demasiado bien a sus clases dominantes imperiales y locales con un altamente demagógico despliegue de “dialectos locales” cuando conviene.
El problema no estriba en “reconciliar diferencias” entre las diversas clases gobernantes etnoreligiosas y regionalmente establecidas sino en eliminar o reducir drásticamente las desigualdades en los estándares de vida, minar las manifestaciones culturalmente hegemónicas del poder de la clase dominante y luchar por la igualdad de condiciones independientemente de la lengua o la identidad etnoreligiosa.
Las identidades diversas son una fuente de conflictos político-sociales debido a desigualdades socio-económicas, pérdida de poder, imperialismo interno y externo y la apropiación y transferencia de la riqueza de una región a la clase dominante de otra.
Hasta en el grado en el que la clase gobernante dominante disfraza sus relaciones de explotación con la supremacía religiosa de sus propias creencias para asegurarse el apoyo de las clases bajas, se hace inevitable que uno de los componentes del movimiento de resistencia tenga también una connotación religiosa. El asunto clave que define el movimiento de liberación es determinar cuál de los múltiples componentes de su maquillaje (étnico, religioso, nacionalista-regionalista y de clase) es “hegemónico” ya que éste determinará la subsecuente configuración de la sociedad “liberada”. Dependiendo de esta configuración, una lucha por la liberación que tenga éxito puede llevar a una nueva versión de sociedad jerárquicamente ordenada en base a la clase, la etnia o la religión o a un estado secular igualitario con libertades etnoreligiosas. De nuevo volvemos a la pregunta fundamental: ¿separatismo o regionalismo para quién? ¿Cuál será el maquillaje de clase para el nuevo estado?
Una pregunta igualmente importante es si el “separatismo” conduce a un estado nuevo. Abundan los casos en los que grandes potencias vecinas fomentan movimientos separatistas irredentos en sus fronteras para justo después anexionarse esas regiones, frecuentemente mediante la financiación y la dotación armamentística a los separatistas de la “liberación”.
Dos observaciones relacionadas vienen al caso. El separatismo frecuentemente tiene vagas definiciones sobre sus parámetros de acción. Dentro de cada región hay minorías y subminorías que conducen a una regresión infinita a menos que haya límites definidos para la autodeterminación (¿o es cosa de una fuerte mayoría que eventualmente pone fin a la “Autodeterminación” mediante decretazo?).
La segunda observación en relación al caso es que la “independencia”, más probablemente que no, supone cambiar el poder imperial dominante (de europeo a estadounidense a asiático) más que un medio para maximizar el control nacional-popular de los recursos y para limitar la dependencia imperial. Frecuentemente, en un mundo de poderes imperiales hegemónicos en competición, las élites locales, atadas a diferentes clases dominantes externas, se enrolan en un antiimperialismo selectivo, atacando a sus élites oponentes y disfrazando sus propias lealtades divididas con justificaciones benignas de su dominador imperial hegemónico.
Éstas y anteriores observaciones nos llevan a la conclusión básica de relativizar la autodeterminación en función de otros principios, incluyendo pricipios de intereses de clase, oposición a avances e intrusiones imperiales y acuerdos neocoloniales, bilaterales y multilaterales.
Estudio de casos de políticas regionales: Latinoamérica
Usando las herramientas del análisis de clase y antiimperialista discutiremos varios casos complejos de movimientos separatistas (MS) en tres países de Latinoamérica: Venezuela, Ecuador y Bolivia. En los tres casos existen MS competidores: movimientos desde “abajo” de minorías indígenas oprimidas y movimientos desde “arriba”. En cada caso los gobiernos nacionales que resulta que son de “izquierda” o “centroizquierda” han desarrollado relaciones contradictorias, hablando favorablemente a aquellos desde abajo mientras se oponen formalmente a aquellos desde “arriba”. “Paradójicamente” los regímenes de “centroizquierda” vierten mayores recursos estatales en las regiones separatistas lucrativas que se oponen a ellos mientras otorgan solamente un reconocimiento simbólico a aquellos de “abajo”.
El gobierno venezolano del izquierdista Hugo Chávez se enfrenta a un movimiento separatista liderado por notables derechistas y el gobernador del rico estado petrolero de Zulia, en la frontera occidental con Colombia. Su gobierno ha enfrentado también demandas de las comunidades indígenas y afro venezolanas para un mayor grado de “autonomía”. El gobierno nacional ha respondido al movimiento separatista de derechas interviniendo en políticas provinciales y centralizando el control sobre una serie de suministros y gastos. Las justificaciones fueron acusaciones de ayuda e inducción a la subversión, incluyendo apoyo para un cierre patronal corporativo de la compañía petrolera. El presidente Chávez ha justificado la centralización del poder por la entrada de fuerzas paramilitares colombianas y los problemas generales como resultado de la decisión del régimen derechista colombiano de aumentar el número de unidades de fuerzas terrestres y aéreas estadounidenses en el país, en un momento de intensificación de la hostilidad estadounidense. Algunos críticos con los movimientos centralizadores de Chávez afirman que es una medida clientelista-electoralista para poner a sus propios seguidores en posiciones que fortalezcan las expectativas electorales en próximos combates políticos.
En relación a las demandas de autonomía desde abajo, hechas por movimientos indígenas y de afro venezolanos, el presidente Chávez ha aumentado sustancialmente la financiación de programas sociales, especialmente en sanidad y educación, ha subsidiado tiendas de comida y ha reconocido y dado legitimidad a sus exigencias a la vez que ha otorgado una autonomía limitada para decidir sobre asuntos locales, excluyendo las decisiones sobre minería y explotación de la energía.
El movimiento separatista del estado de Zulia estaba estrictamente basado en razones económicas e ideológicas: no hay diferencias culturales o étnico religiosas con el resto del país. Los separatistas buscan hacerse con el monopolio de la riqueza petrolera y arrimarse más al gobierno estadounidense y sus multinacionales petroleras y quizás facilitar un paso para una intervención militar colombiana. El “movimiento separatista” está basado en la repartición geográficamente desigual de la riqueza mineral y la polarización política entre un régimen provincial oligárquico derechista y un gobierno nacional izquierdista-populista.
La respuesta favorable del gobierno a la autonomía para los indígenas refleja su estatus de clase baja y su apoyo político al gobierno de Chávez: criterios socio-políticos proveen las bases para respuestas diferentes a demandas similares de “autonomía”. Un conjunto de demandas creó un peligro para la seguridad nacional, el otro encaja con el alineamiento social del gobierno. Una reivindicación por la autonomía era racista, la otra “pluriracial”. Una prestó apoyo a un poder imperial, la otra se opuso a la explotación imperial- incluyendo sus recursos minerales.
Ecuador: separatismo y los movimientos costeros y de las tierras altas
El gobierno de centro izquierda del presidente Rafael Correa enfrenta dos tipos de movimientos separatistas: uno costero centrado en la ciudad portuaria de Guyaquil, respaldado por la burguesía agro exportadora, banquera y comercial; el segundo anclado en las comunidades indígenas de las tierras altas andinas comandado por CONAIE.
Los separatistas costeros rechazan la superioridad de una burguesía relativamente nueva con base en Quito que respalda al presidente Correa y recive financiación, contratos y subsidios estatales a su favor. La CONAIE es hostil al presidente Correa debido a sus concesiones a multinacionales extranjeras del petróleo y la minería que han desvalijado y minado la forma de vida de pescadores y granjeros locales y contaminado el aire, la tierra y el agua potable.
En contraste con las dudosas y adquisitivas reivindicaciones costeras por una mayor autonomía basada en una engañosa identidad cultural, CONAIE acumula siglos de crítica contra la explotación y pillajes de la élite mestizo europea, demandas legales acerca del control territorial y la práctica de una política de autogobierno. Los profesionales de clase media, empleados públicos y pequeños empresarios que hablan de políticas urbanas progresistas se benefician ampliamente de los dividendos y los impuestos recaudados por el régimen de Correa, en la forma de aumentos salariales, contratos, consultorías y nombramientos políticos y, por ello, ofrecen muy poco apoyo a las reivindicaciones de CONAIE.
Durante la primera parte de esta década, CONAIE y su brazo político Pachacuti fueron capaces de forjar diversas alianzas con fuerzas urbanas para derribar regímenes electorales de derechas, ocupando brevemente el palacio presidencial y más tarde manteniendo puestos ministeriales bajo el pseudo populista presidente de derechas Lucio Gutierrez. Obligada a dejar el gobierno y fragmentada por ONG´s estadounidenses y europeas, la CONAIE se debilitó severamente. Enfrentándose ahora a un régimen de centro izquierda “progresista” no ha podido reconstruir una alianza urbano rural capaz de elaborar sus reivindicaciones por un estado plurinacional.
Bolivia: un presidente que habla a los indígenas y trabaja para las multinacionales
Evo Morales, el “presidente indígena” de centro izquierda con estilo propio, fue elegido presidente por la diferencia étnica politizadora habida entre la mayoría indígena explotada de las tierras altas y los ricos oligarcas mestizo europeos de las fértiles tierras bajas. Identificando abiertamente el asunto como el de dar voz y voto a las exigencias legales, culturales y “autonomistas” de las comunidades indígenas, acabó dando menos importancia a las que fueron en su día demandas pragmáticas y prominentes por una transformación socilista debido a la cual su partido se puso el nombre de “Movimiento al Socialismo”. Su camino hacia la victoria electoral fue encauzado por dos grandes insurrecciones urbano rurales que derribaron a presidentes neoliberales. Ya al tomar la presidencia Morales dejó claro que su “revolución” era más cultural que social: el reconocimiento estatal de la lengua, comunidad, estructuras, costumbres y tradiciones de los indígenas. Mediante una manipulación lingüística demagógica afirmó que “nacionalización” no significaba expropiación para justificar sus aventuras comunes con alrededor de cincuenta de las más grandes multinacionales del crudo, el petróleo y los minerales de los cinco continentes, incluyendo la del mayor y más lucrativo acuerdo con la multinacional india Jindal.
Una vez que la oligarquía comercial, minera y banquera local se recuperó de la ofensiva popular masiva, se organizaron en las cinco provincias más ricas, donde gobernaban, y persiguieron agresivamente el ideal de un movimiento separatista llamado la alianza de la Media Luna- por el arco geográfico que forman las provincias involucradas. Ayudados e instigados por el embajador estadounidense Goldberg, buscaron desestabilizar al régimen por medio de violentos ataques a los movimientos locales de campesinos y de tácticas parlamentarias obstruccionistas.
La estrategia económica de Morales pendía de un hilo porque estaba totalmente enfocada hacia la promoción del crecimiento precisamente a través de la promoción de las élites económicas que rechazaban políticamente un “gobierno capitalista indígena” enraizado en los movimientos de masas.
Durante los primeros cuatro años de mandato, el régimen de Morales, con un gran despliegue étnico teatral y muestras de folclore tradicional, diseñó una política que garantizaba a las comunidades indígenas el control local de sus pueblos empobrecidos mientras se restringía de poner en marcha cualquier política de redistribución de las tierras fértiles de las cien familias y empresas agrícolas que controlan el 80% de las tierras fértiles, las mayores empresas comerciales de venta al por mayor y al por menor, los bancos y los mass media.
Mientras Morales hablaba a las masas rurales indígenas en su propia lengua y reconocía sus derechos a gobernar en sus empobrecidos pueblos, actuaba en favor de su anterior enemigo, la oligarquía “europea”, garantizándoles cientos de millones de dólares en financiación para el cultivo y la promoción de la exportación.
Mientras adoptaba un estilo radical de retórica al condenar el imperialismo y apoyaba a Fidel Castro y a Hugo Chávez, la política exterior económica de Morales era una invitación abierta al capital extranjero para unirse en la explotación de los recursos del país.
Las políticas “etno regionales” fueron un trampolín para “líderes sociales” de clase media-baja que querían obtener poder político y unirse a la élite, especialmente la élite extranjera, en la partición de la riqueza. Las políticas étnico culturales se usaron para apartar las políticas de clase y satisfacer a la masa de base con una gratificación simbólica- “un presidente indígena” que insulta a los ricos mientras los recompensa con dinero público.
No cabe duda que, bajo Morales, el estatus y los derechos legales de los indígenas han mejorado- pero no sus condiciones económicas: las desigualdades en la propiedad de la tierra, los ingresos, la educación y la salud son más visibles que nunca. La celebración de ritos y fiestas indígenas tradicionales por parte del régimen de Morales sirve de manera exitosa para ofuscar la continuidad socio económica. La fragorosa hostilidad racista de la oligarquía a todo lo”indígena” proporciona un útil florete al gobierno que le permite presentarse a sí mismo como campeón de los indígenas de las tierras altas y como enemigo de la atrincherada clase dominante europea. El beneficio es para la nueva burguesía burócrata que dirige la parte gubernamental de las aventuras económicas y proporciona contratos y puestos inferiores a líderes sociales leales que pueden captar el voto indígena el día de las elecciones. Habiendo tomado el gobierno nacional, el anteriormente presidente étnico y regionalista atiende de boquilla las reclamaciones regionales de los pobres mientras eleva las disparidades de clase y regionales entre las tierras altas y las planicies al profundizar en la internacionalización (penetración imperial) de la economía, especialmente de sus enclaves minerales y energéticos. Mientras se opone al separatismo de la élite y a la independencia de las regiones lucrativas, Morales ahonda en su riqueza para que su gobierno siga a flote. Su régimen denuncia el separatismo de la élite para compartir la riqueza entre los racistas capitalistas y los burócratas “progresistas”.
Conclusión
Promover la diversidad étnica y el regionalismo no es lo mismo que terminar con la desigualdad de clase y con la injusticia. En muchos casos, las políticas de identidad étnica han sido un vehículo para oponerse a regímenes nacionales opresivos, en nombre de un “pueblo” no diferenciado, y para construir un poder local de base y negociar cuotas de poder nacional.
Los movimientos de base rural etno regional han dado un giro “hacia dentro” al reivindicar sus tradiciones y una hegemonía lingüística pero han sido desviados frecuentemente de retar las estructuras nacionales de poder de clase.
Un rol significativo juegan las ONG financiadas por el imperialismo que llaman al “respeto” de la “autonomía cultural” a nivel local y fragmentan y dividen a los movimientos basados en las diferencias de clase como en el caso de algunas regiones en Ecuador.
Por otra parte, la tradicional solidaridad lingüística, la religión familiar y la comunidad han desempeñado un papel importante en el derrocamiento de regímenes reaccionarios y en el establecimiento de una agenda progresista cuando ésta se combina con un análisis antiimperialista y de la clase moderna.
Desenmarañar la confusa y aparentemente contradictoria respuesta de la izquierda al asunto de la autodeterminación, y por ello de los movimientos separatistas, gira en torno al hecho de reconocer que otros principios básicos tienen mayor importancia. Si revitalizamos la noción de autodeterminación y la localizamos en el contexto de la lucha de clases y antiimperialista, podemos empezar a aproximarnos a la respuesta de cuándo, dónde y con quién tomamos partido en la lucha por la liberación social y nacional.
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