Enseñanzas

Enseñanzas bolivianas

INFOnews - ‎martes‎, ‎14‎ de ‎octubre‎ de ‎2014

En Bolivia, la inflación anual durante 2013 fue del 6,48 por ciento. Cuando terminaba ese año, el gobierno de Evo Morales, por decreto, estableció que abriría una línea de crédito para la vivienda popular con una tasa anual del 5,5% (por debajo de la inflación) a la cual podían acceder todos aquellos que, sumando los salarios de dos integrantes de la familia, llegaran a 7500 pesos bolivianos por mes. Para tener dimensión de cuánta gente se beneficia con esos créditos hipotecarios, basta ver que el 85% de los asalariados ganan entre 3000 y 5000 pesos. Es decir, es accesible para la gran mayoría de los trabajadores formales que conformen una familia o vivan en pareja. Los créditos llegan al equivalente de unos 70 mil dólares (con siete pesos bolivianos se compra un dólar). Los plazos son largos y la autoridad financiera impone a los bancos cuál es el porcentaje del salario para establecer las cuotas mensuales. A su vez, ese decreto abrió la posibilidad de renegociar –hacia abajo– las tasas de quienes ya habían tomado crédito hipotecario antes de ponerse en vigencia estas tasas negativas (por debajo de la inflación). Un pequeño detalle que el lector no debe dejar de lado: cuatro meses antes de este decreto, Bolivia hizo una drástica reforma de la ley de entidades financieras.

Hay analistas políticos argentinos que ahora ven a Evo Morales rubio y de ojos celestes porque dicen que Bolivia puede tomar crédito internacional a una tasa muy baja (entre 4 y 6% anual). Deberían recordar que en el Estado Plurinacional hay sectores privados que bufan con desesperación ante el recorte feroz que hizo Evo a la renta financiera. Al respecto, vale la pena citar los conceptos de Kurt Koenigsfest, presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, brindados en mayo pasado a la revista América Economía: "Esta nueva ley propicia un alto grado de intervención del Estado en la gestión de las entidades y no brinda la seguridad jurídica necesaria que el país requiere para las inversiones. Muchos temas sustantivos no son precisados en la ley. Se deja a discreción del Ente Rector del Sistema, a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, establecer muchas cosas mediante decretos supremos." Uno mencionado por el líder de la banca privada es "definir anualmente qué porcentaje de las utilidades de las entidades financieras se deberán destinar para fines de cumplimiento de su función social o, sencillamente, prohibir la distribución de dividendos y ordenar la reinversión de utilidades".

Claro, la reforma financiera boliviana se hizo cuando el Banco Central había juntado 14.500 millones de dólares en reservas internacionales, contra los 1700 millones que tenía cuando Evo asumía la presidencia en enero de 2006. La pregunta obligada es ¿cuál fue la clave de semejante repunte de dólares? Y la respuesta es simple de enunciación pero muy compleja de ejecución: el 1 de mayo de aquel 2006, apenas cinco meses después de asumir, Evo nacionalizó los hidrocarburos. Desde entonces, en ocho años, el Estado capturó una renta de 17 mil millones que antes iba a las empresas privadas. En cifras descomunales: antes las multinacionales se quedaban con ocho de cada diez dólares de las ganancias hidrocarburíferas y el Estado sólo con dos dólares, mientras que en los últimos ocho años la proporción fue exactamente inversa. Después del petróleo y el gas, llegó el turno de las telecomunicaciones, la minería, la electricidad. La frutilla del postre fue la reforma financiera. Ese cambio permitió que en ocho años, el PBI se triplicara y la pobreza fuera reducida drásticamente. Evo Morales ganó con el 60% de los votos porque supo conducir un cambio sostenido en la producción y distribución de las riquezas, con estabilidad económica y cambiaria. Logró, sin violencia, un cambio drástico respecto de quiénes son los ganadores y los perdedores.

A la hora del necesario debate que precisa la Argentina sobre modelos económico-sociales sustentables, el caso boliviano viene muy bien. Quizá no para transpolar experiencias en realidades distintas, pero sí para revisar muchas de las marchas y contramarchas de una Argentina en la que prácticamente no hubo cambios sobre la estructura de propiedad de las áreas claves, en los motores de la economía que siguen en manos de los sectores privados transnacionales. La estatización de las AFJP en noviembre de 2008 fue una medida que permitió fondear una cantidad de programas sociales. Luego, en abril de 2012, fue la ley que dejó en manos del Estado el 51% de las acciones de YPF y abrió un camino, todavía difícil, para intentar un camino heterodoxo en materia de gas y petróleo, en un momento donde el déficit de la balanza comercial energética le cuesta a la Argentina unos 6000 millones de dólares. La nueva legislación en materia de hidrocarburos no es para nada una vuelta de campana al despojo realizado en los '90 con la provincialización de la titularidad de los yacimientos y la privatización de YPF. La nueva ley busca homologar los criterios para el cobro de regalías provinciales, de la alícuota del impuesto de ingresos brutos, para que las compañías privadas y la YPF mixta puedan tener más previsibilidad, al tiempo que alarga los plazos de las concesiones, ya que las inversiones para gas y petróleo no convencional (Vaca Muerta) son mayores que para los yacimientos convencionales. Respecto de Vaca Muerta cabe consignar que el socio estratégico de YPF, por el momento, es la norteamericana Chevron, con la que tiene un acuerdo hermético protegido del conocimiento público porque formalmente se trata de dos sociedades anónimas.

En la Argentina, se cobran retenciones a las exportaciones de granos, con lo cual se fondea buena parte del Presupuesto nacional y se coparticipa una parte de esos recursos para las provincias. Sin embargo, todo el procedimiento del complejo agroalimentario está en manos de transnacionales. No hay prácticamente ninguna intervención del Estado. Y, aunque estén sujetas a control de Aduana y AFIP, el procedimiento de registro es una amable Declaración Jurada de Venta al Exterior. El sector minero está dominado por multinacionales que explotan los yacimientos con la modalidad "a cielo abierto", con graves riesgos ambientales y en la mayoría de los casos con bajísimos controles de las autoridades públicas provinciales, socios en la práctica de esas empresas. Por herencia del neoliberalismo, las multinacionales mineras tienen una "estabilidad fiscal" de tres décadas a partir de 1993. No hubo un debate para ver cómo se sale de la trampa de ese modelo.

La Argentina puso en marcha muchas medidas contracíclicas y muchas políticas activas de empleo que legitiman el carácter popular de estos once años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La recuperación de los ingresos, así como de los derechos laborales y sociales, es un hecho difícil de discutir. Tan importante resulta ese proceso que todos los estudios de opinión pública indican que la presidenta conserva el apoyo de una parte importante de la sociedad. También tiene capacidad institucional como para impulsar proyectos legislativos y cambiar políticas. Sin embargo, el Estado ocupa lugares muy contradictorios: amplió derechos sociales pero mantuvo esquemas de subsidios a empresas privadas con concesiones heredadas del neoliberalismo que significaron partidas presupuestarias mucho más elevadas que, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo. Mientras algunos empresarios sacaron partida de esos mecanismos otros, mayoritariamente pequeños y medianos, se desarrollaron con un crecimiento del mercado interno.

Esas pymes, junto con el sector público, son la clave del empleo en la Argentina. Y en muchos lugares del país se desarrollaron parques industriales con beneficios de tasas municipales e impuestos provinciales y créditos a tasas preferenciales. Esas experiencias podrían potenciarse con decisión política y buenos esquemas de gestión y control. Pero, claro, si se desarrollaran redes de comercio minorista con claro sentido popular, por mencionar un área sensible en tiempos inflacionarios, habría un choque con otro de los sectores concentrados muy beneficiados en estos años.

El gran problema de la Argentina de hoy no es la incidencia de los factores externos, sino que la estructura concentrada de renta privada no fue cambiada. El bajo coeficiente de deuda externa es uno de los alivios de esta época y al mismo tiempo un logro contundente de Néstor y Cristina Kirchner. Puertas adentro los problemas macro son delicados: del superávit fiscal y comercial, así como de elevadas reservas en el Banco Central, se pasó a una etapa de déficit fiscal, de un alto coeficiente de importaciones energéticas e industriales y de baja pronunciada en las reservas del Central. Por motivos que quizá sean difícil de vislumbrar en este último tramo del gobierno, las variables macroeconómicas pasan un mal momento. Desde ya, a la encrucijada se suma la presión de los buitres. Si en el último año de gobierno de Cristina y en los próximos años se busca la llamada profundización de esta etapa es preciso caer en la cuenta de qué papel debe tener el Estado como titular de recursos estratégicos y como regulador de la renta. En caso contrario será muy difícil avanzar en reformas claras, más allá de la retórica, que permitan consolidar la soberanía.

Es ingenuo pensar en que Argentina pueda emular a Bolivia. Tampoco parece posible que Argentina se parezca a Paraguay o a Perú, cuyos PBI crecen en estos años, pero sin producir ningún beneficio para los sectores populares. Tampoco la Argentina se parece a Brasil, que tiene una burguesía poderosa y que cuenta con una banca privada y pública al servicio de las empresas que se expanden dentro y fuera de ese inmenso país. En estos años, en cada encuentro de mandatarios regionales, sea en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), del Mercado Común del Sur (Mercosur) o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se pueden escuchar sesudos análisis y discursos respecto de las capacidades estratégicas que tiene esta región privilegiada del planeta en recursos naturales y cultura en común. Hace falta poner en práctica esos sueños. Quizá este triunfo de Evo Morales permita templar los ánimos de quienes tengan la valentía y el equilibrio que tuvo y tiene el líder cocalero.